RÍO DE JANEIRO— Los jueces del máximo tribunal de Brasil parecían inclinarse el miércoles por la noche a rechazar una solicitud del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre.
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego.
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición.
La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula.
El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985.
«En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién sólo le preocupa su interés personal», escribió en un tuit.
En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y «repudiaba la impunidad”.
En un editorial publicado el miércoles, el influyente diario O Globo dijo que un jefe militar «no debe opinar sobre asuntos judiciales y políticos».
En una declaración dirigida a O Globo, el general Joaquim Silva e Luna, ministro de Defensa, dijo que la intención de Villas Boas era asegurarle a la gente que no se recurriría a la fuerza.
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política.
El ex mandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista.
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial.
Sin embargo, Lula recibió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.
Aunque el ex mandatario puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.
“No habrá un buen resultado en este juicio”, dijo Carlos Melo, un politólogo en la Universidad Insper en Sao Paulo. “La mitad de Brasil estará decepcionada sin importar el resultado y nadie sabe qué papel jugará esa frustración en las elecciones”.
