La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados-SEC- denunció este miércoles que en el país se ha generado una distorsión o práctica anticompetitiva, escudada detrás del acuerdo Marpol ( conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación marina), consistente en la introducción al país de hidrocarburos bajo la falsa identidad de desechos y residuos de embarcaciones conocidos como «slop o sludge».
“Lo cual viola y contradice las regulaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio y el decreto 307-01 que aprueba el reglamento de la Ley 112-00, el cual establece los requisitos y condiciones para desarrollar la actividad comercial de los hidrocarburos y que todo actor o agente de la cadena de comercialización debe de someterse y cumplir para operar regularmente”, dijo la entidad a través de un espacio pagado en varios medios de comunicación.
La entidad, que reúne a siete de las principales empresas de distribución de combustibles del país, consideró que las medidas adoptadas en la norma 02-17, que regula la descarga, despacho aduanero y comercialización de los residuos oleosos reciclables slop o sludge, no solucionan de manera definitiva la problemática que ha generado en los últimos años la introducción al país de esos desechos.
La SEC indicó que esa práctica de introducir combustibles bajo “la falsa apariencia de residuos”, constituye un verdadero problema de cara al desequilibrio y distorsión que causa especialmente en el mercado nacional de combustibles y dijo que “ciertamente funciona como un mercado de contrabando que es ingresado sin recorrer la cadena de comercialización formal y sin cumplir los estándares se seguridad y calidad que exigen e imponen las autoridades”.
Explicó que los efectos de la entrada camuflada de combustibles declarados como «sludge o slop» ha tenido un impacto significativo en el mercado, “por lo que hacemos un llamado al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Medio Ambiente, a las direcciones generales de Aduanas e Impuestos Internos, al Instituto Dominicano de Protección al Consumidor, al Instituto Dominicano de la Calidad y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
No obstante, la entidad reconoció que la norma 02-17 es un gran avance tendente a la normalización de este problema, pero consideró que es necesario que las autoridades encargadas de aplicar dicha norma tomen en consideración que el pago de los impuestos aplicables no es la única condición para que se proceda con la nacionalización del combustible que llegue al país en estas condiciones.
También señaló que es caso de que el producto declarado como «sludge o slop» resulte combustible, es imprescindible que Aduanas y el Ministerio de Industria y Comercio verifiquen que el importador tiene las licencias necesarias para la importación de carburantes, conforme a los reglamentos aplicables y administrados por ese ministerio. “En caso de que no tenga licencia deben aplicarse las sanciones previstas en la ley y confiscarse el producto”.
“En lo que respecta a la disposición de los desechos sludge o slop, entendemos que es indispensable la intervención del Ministerio de Medio Ambiente como organismo rector para la protección del medio ambiente en el país, quien como ocurre en otras jurisdicciones, debe inventariar y listar los desechos cuya entrada puede ser permitida en el país para dar cumplimiento al acuerdo Marpol y certificar a los agentes que reúnen las condiciones para la correcta recepción y disposición de estos desechos” , adujo.
Consideró que es necesario que los actores u órganos del Estado participantes o competentes se aseguren que la norma 02-17 se aplique de manera conjunta con las normas vigentes que regulan el mercado, con el fin de proteger de forma adecuada la importación y comercialización de los derivados del petróleo así como sancionar y castigar a quien pretendan crear y promover esta distorsión en detrimento del Estado dominicano, la ciudadanía y el mercado formal.
“Desde la SEC hemos sido coherentes en indicar que el Estado tiene el deber de proteger a las empresas formales y que cumplen con las normas aplicables, porque de no hacerse una aplicación rigurosa de las regulaciones vigentes, se estaría creando una ventaja competitiva a favor de quienes violan la ley”, agregó.
