Las críticas a los miembros de la Cámara de Cuentas, por realizarse un aumento salarial, no ceden y distintos sectores apoyan que sea interpelada, mientras el presidente del órgano dice que el pleno responderá.
El obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, consideró que el pleno de la Cámara de Cuentas debe ser interpelado por el Congreso Nacional como ha pedido el movimiento cívico Participación Ciudadana y diputados del Partido Revolucionario Moderno.
“Hay demasiadas obras todavía que hay que auditar y una auditoría que no se puede hacer por falta de recursos y esto frente a los aumentos, es algo que llora ante la presencia de Dios, a menos que sea un desinterés real de que no se tome en cuenta nada de eso”, dijo al término de un encuentro en la Cámara de Diputados.
Monseñor Masalles expresó que eso no sería nada raro (que fuese desinterés), dado el clima de impunidad, que a su entender, se vive en el país. “No hay dinero para hacer auditoría, pero sí para aumentar, eso es penoso”, señaló.
El año pasado, durante los estudios para la aprobación del presupuesto del Estado del 2018, Hugo Álvarez Pérez, presidente de la entidad fiscalizadora, explicó que para poder llevar a cabo los proyectos y el cronograma de trabajo este año eran necesarios unos RD$1,900 millones.
“Necesitamos poner a funcionar una escuela de cuentas, fortalecer el equipo legal, además de la reapertura de las oficinas regionales en el este, norte, y sur del país, y la adquisición de equipos tecnológicos”, dijo a la comisión.
Tras esa reunión, la comisión aprobó asignarle 60 millones de pesos adicionales al presupuesto.
En tanto que el enlace de la comunidad evangélica con el Poder Ejecutivo, Elvis Samuel Medina, rechazó el aumento salarial y lo calificó como un acto de imprudencia e inoportuno.
“Para la Iglesia todo lujo, todo privilegio es innecesario, ofensivo y es pecaminoso, por lo tanto, si no lo hacemos, no podemos aplaudirlo ni aceptarlo”, indicó. Manifestó que a pesar de que condenan la acción, es una decisión que deberá tomar el Congreso Nacional.
“Todo acto de imprudencia debe tener una respuesta pública y el pueblo está exigiendo una respuesta. Ellos tienen que explicar el porqué, qué tanta necesidad tenían de aumentarse el sueldo”, enfatizó el religioso.
“Resolución no tiene fecha de caducidad”
El presidente de la Cámara de Cuentas dijo que el pleno se reunirá el próximo martes para responder a la solicitud de interpelación y juicio político.
Álvarez Pérez expresó que el aumento salarial fue a todo el personal que labora en la institución y no solo a los funcionarios. “Nosotros le aumentamos a todo el mundo a todo el personal, pero todo eso se verá en el pleno y daremos una respuesta de pleno, que es el que está siendo cuestionado”, dijo a elCaribe.
Explicó que la resolución administrativa del 2013 que propició el reajusta en la tabla salarial, se puso en ejecución en enero de este año, pero que esta no tiene fecha de caducidad.
“En la resolución no tiene ni fecha de caducidad ni de término, es abierta y dice que todos los años se realizará. Donde se aprobó la adopción de una política salarial para todos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas, sobre la base de la equidad interna y la competitividad externa”, manifestó.
Finjus dice medida es incoherente
La Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que la decisión de los miembros de la CC es inoportuna y cuestionable y alimenta la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad y cultivar la eficiencia. “Esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la CC, de acuerdo a lo que informan los miembros, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas de sus funciones, como las auditorías a las instituciones”.
Aplicación está acorde con ordenamiento jurídico
Finjus afirmó que a pesar de que actuaron conforme al ordenamiento jurídico, pues fue el pleno anterior y no el actual que aprobó el reajuste salarial aplicado, se debe evaluar la razonabilidad económica. “Estos principios de razonabilidad, eficacia, proporcionalidad, economía, transparencia y buena administración exigen a los miembros de la Cámara de Cuentas que sus decisiones deben estar adoptadas de forma congruente con los fines de interés público que justifican la actuación administrativa”.
