Montecristi. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Víctor Joaquín Castellanos Pizano advirtió que la migración haitiana descontrolada ha colocado en peligro la integridad de la soberanía dominicana.
Castellanos Pizano dijo que esa migración representa una seria amenaza respecto al control de los dominicanos sobre el destino de su propio país. Alertó que el principal problema que enfrenta hoy la República Dominicana es el descontrol de las autoridades sobre la migración ilegal, “pues las leyes migratorias no se aplican con el rigor necesario, lo que pone en juego el desarrollo social y económico del país, la preservación de la nacionalidad y la identidad dominicana, así como la existencia como país soberano”.
“Se trata de un peligro superior al de las drogas, superior al de la delincuencia, a las deficiencias en el ámbito de la salud y de la educación, así como más grave que todos los demás problemas que nos afectan”, consideró el juez constitucional al dictar una conferencia sobre la soberanía dominicana en esta provincia.
Castellanos Pizano dijo que en el presente Haití pretende, nuevamente, ocupar el país, no mediante las armas, ni militarmente, como lo hizo de 1822 a 1844, así como en otras 16 ocasiones, sino que “se trata de una invasión pacífica, gradual, pero indetenible, de centenares de miles de haitianos indocumentados, cuya totalidad asciende, según los expertos, a más de millón y medio de personas”.
El magistrado estimó que la invasión pacífica de haitianos está presente en el ámbito laboral y trasciende al sector de la salud, refiriéndose a la asistencia médica prestada a las parturientas haitianas en los hospitales dominicanos. Destacó que para los montecristeños esta situación es más grave que para otras provincias del país.
La conferencia fue dictada en el marco de la presentación de los jueces del TC en la comunidad fronteriza, y que estuvo encabezada por el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, acompañado por los jueces Hermógenes Acosta de los Santos, Jottin Cury David, Katia Miguelina Jiménez y Justo Pedro Castellanos Khoury.
Refirió que desde la emisión de la sentencia 168-13, el Gobierno dominicano enfrenta la embestida de los organismos y entidades internacionales pro haitianos que pretenden anular la soberanía del país alegando el supuesto despojo masivo de la nacionalidad dominicana. Consideró que la presión internacional ha logrado cohesionar una estrategia multifacética contra la soberanía de la República Dominicana en detrimento de sus máximas autoridades.
Dice mano de obra haitiana es de 64.1%
El juez recordó que el marco legal del país, respecto a las leyes migratorias, regula la mano de obra extranjera. “En nuestro país el artículo 135 del Código de Trabajo establece que la mano de obra extranjera no pasará de un 20%, correspondiendo a los dominicanos el 80% de los empleos. Sin embargo, conforme con el estudio de la Cepal, la participación laboral de los haitianos ilegales es un 64.1%, mientras los nativos se sitúan en un 52.8%”.
