El seis de febrero, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que elabora un Plan Estratégico de Seguridad Vial en Santo Domingo, el cual prevé la sustitución de vehículos de menor capacidad en nueve rutas de las más importantes avenidas por unidades de transporte colectivo, con autobuses.
Si bien se trata de un anuncio, de los tantos que hace el sector público, al menos refleja una intencionalidad. Sin embargo, la semana pasada la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) informó que ponía en servicio 500 carros de concho, usados, pero en buenas condiciones, en el corredor Independencia-Bolívar, para sustituir igual cantidad, que según la misma entidad, son chatarras.
Según el vicepresidente de Fenatrano Antonio Brito, los vehículos fueron adquiridos mediante un financiamiento por un monto superior a 200 millones de pesos.
Ese es uno de los tantos ejemplos del desorden y la pobre institucionalidad reinante en la República. Cómo las decisiones de políticas públicas, o al menos los anuncios, se van al vacío, y cualquier ente con algún tipo de poder decide lo que más conviene, sin consecuencias.
Es la sociedad donde se imponen los intereses y los asuntos se deciden en atención a los músculos que se muestren, a la capacidad de presión o de influencia frente al gobierno.
Nadie quiere someterse a reglas igualitarias. Nadie quiere regulación. Todos quieren moverse con ventajas, en todos los terrenos, llámese negocios o empresas.
Por eso resulta tan difícil alcanzar consensos. Y la realidad es que en una sociedad donde se respeten las leyes, todo proceso debe ser dialogado, y cuando no resulte posible el consenso, entonces debe imponerse el poder público, en función de los intereses colectivos.
Pero el poder público no debe confabularse con terceros. Es el principio de la corrupción y la corrosión social, la corrosión de todos los procesos. La puerta del caos y la disolución.
Así, alcanzar el avance social será mucho más difícil…
