El próximo 27 de febrero se abrirá la primera legislatura ordinaria de este año y por lo tanto, es propicia la ocasión para llamar la atención del Congreso Nacional sobre algunos temas pendientes en la agenda legislativa. Previo a esto, es necesario recordar que los legisladores no solo tienen la función de legislar, sino además la de fiscalizar a los otros poderes del Estado y la de representar a los ciudadanos. Del conjunto de estas atribuciones, a los congresistas les preocupa exclusivamente la de legislar, descuidando sus otros roles. Aún en la tarea de aprobar leyes, el Congreso ha actuado con ineficiencia. Si se revisan los resultados de su trabajo, se concluirá que la mayor productividad legislativa ha estado en la aprobación de contratos y ventas de terrenos.
Ante esta nueva legislatura se abre la expectativa de que el Senado y la Cámara de Diputados aprueben un conjunto de leyes que deberán contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y al Estado de derecho en el país. La Constitución dominicana establece la obligación de dotar al país de un nuevo marco jurídico, en lo que se ha avanzado muy poco. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), no solo identifica las leyes que tienen que ser aprobadas, sino que establece plazos con los que no se ha cumplido. Algunos proyectos de leyes tienen décadas en el Congreso Nacional sin que se hayan aprobados.
No basta con que el Congreso coloque estos proyectos en la denominada iniciativa legislativa priorizada. Se requiere de una voluntad real de aprobación de las leyes pendientes. No debe pasar esta legislatura sin la aprobación de proyectos como la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral. No aprobar estas iniciativas es un atentando contra el ya debilitado sistema de partidos y contra el proceso electoral del año 2020. Estos temas deben ser prioridad en el Congreso, si de verdad existe un compromiso real con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Aunque los últimos acontecimientos no dejan mucho espacio para el optimismo.
En el tema de reconocimiento y protección de derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas, hay distintos proyectos cuyo conocimiento no puede seguir siendo aplazado. Urge la aprobación definitiva del nuevo Código Penal de la República Dominicana, incorporando la despenalización del aborto en sus tres causales. De esta manera, se estaría garantizando el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Asociado a este tema, está el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y erradicación de la Violencia contra la mujer.
