Lo que ocurre en estos días en las escuelas resulta desconcertante. Mientras el ministerio de Educación aplica incentivos económicos a profesores después de un generoso proceso de evaluación en el cual se premia hasta a quienes obtuvieron un resultado deficiente, un ajuste salarial de 17%, la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se enzarza en marchas y paralizaciones en un reclamo que en buena lógica le es ajeno.
El ministerio de Educación decidió llenar vacantes o actualizar las direcciones regionales y de distritos escolares. El ministro podía, de acuerdo con la ley 66-97, orgánica de Educación, designar a esos funcionarios administrativos. Pero prefirió hacerlo mediante un proceso competitivo, un concurso del cual se escogerían tres participantes, uno de los cuales sería designado. La decisión fue avalada por el Consejo Nacional de Educación mediante una ordenanza.
La ADP se opuso al concurso mediante ternas y demandó que se hiciera por simple oposición. El proceso se cerró el pasado 31 de enero y se registraron 1,369 concursantes.
No resulta fácil de entender la actitud de la ADP, toda vez que nunca protestó cuando en el pasado los directores regionales y de distritos eran designados administrativamente, por el secretario o el ministro de turno.
Ahora que el democratismo del ministro Andrés Navarro llama a concurso la ADP se opone y pide concurso de oposición, sin terna. Primero era un reclamo que se quedaría en un debate y quizás terminaría en un tribunal administrativo. Pero ha derivado en paralizaciones y mítines.
La actitud de la ADP es extraña. Se ha tomado la defensa de un personal que no es propiamente docente, sino técnico, y ya está interrumpiendo la docencia.
Toma para sí una demanda propia de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (AMPROTED). Y va por los extremos. Parecería que adopta una agenda de terceros.
Es un proceder excesivo, que daña el ambiente en el sector educativo. Sus promotores deben reflexionar seriamente sobre ese comportamiento.
