El Ministerio de Energía y Minas (MEM) solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana. Para tales fines, sometió una propuesta de resolución que asegura al Estado beneficios superiores al 40%.
Bajo ese modelo, sin precedentes desde 1992 cuando el Código Tributario introdujo cambios en la renta gravada, el Estado percibirá un total de US$224 millones durante los siete años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo. El valor presente de estos yacimientos se calcula en US$561 millones conforme con los precios actuales de los metales y pueden incrementarse si se identifican mayores reservas dentro del proyecto Romero.
La empresa solicitante GoldQuest, de capital canadiense y suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la ley 146-71, con lo cual establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años. Una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de Impuesto sobre la Renta (ISR) y el 5% de las ganancias para la Contribución Municipal dispuesta por la ley 64-00.
Con el compromiso de la empresa, consignado en una declaración jurada que acompaña el expediente, el Estado estaría recibiendo US$52 millones adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa. La compañía se compromete a no usar en sus procesos elementos químicos contaminantes ni las aguas del río San Juan ni de fuentes subterráneas y a explotar la mina con parámetros que produzcan los menores impactos ambientales. GoldQuest también asume el compromiso de no presentar como deducible del Impuesto sobre la Renta costos y gastos de concesiones de exploración que lleve a cabo en paralelo con la explotación de Romero. La propuesta de resolución de concesión fue remitida la semana pasada al Ejecutivo.
“Quiero enfatizar que a los beneficios de 40% para el Estado habría que agregar el pago del ITBIS por parte de la empresa, haciendo mayor a esa proporción los ingresos para las arcas públicas, llegando a superar el 50%”, expresó Antonio Isa Conde.
El ministro de Energía y Minas resaltó que Romero es el primer proyecto minero subterráneo que no acarrea los costos ambientales propios de la minería a cielo abierto. Dijo que, en caso de que la concesión sea autorizada, el Estado recibirá los beneficios descritos sin invertir para la exploración previa ni para la explotación que se solicita y sin garantizar beneficios o resultados mínimos.
Diputado pidió declarar zona deficitaria de agua
El proyecto ha encontrado oposición. Por ejemplo, hace varios meses, el diputado de Alianza País, Fidelio Despradel, depositó una resolución en la Cámara de Diputados, mediante la cual solicita al Poder Ejecutivo la declaración de las regiones hidrográficas del Yaque del Sur, El Valle y Enriquillo, como regiones deficitarias de agua y, por lo tanto, libre de todo tipo de minería metálica. Despradel ofreció en el momento una rueda de prensa.
