Los escándalos en el sistema de Justicia en la provincia San Cristóbal no son cosa nueva. Van desde destitución de jueces, sentencias cuestionadas hasta denuncias de fiscales envueltos en corrupción.
Desde hace cerca de una década, el sistema judicial en esa provincia ha estado bajo sospecha. En el 2010, un informe del Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia calificó al Ministerio Público de San Cristóbal como un cuerpo “desacreditado” y carente de credibilidad para acusar a nadie.
Un año después del informe, explotó el caso del juez de la Ejecución de la Pena, Francisco Mejía Angomás, quien fue destituido por faltas graves.
Al pasar de los años, los escándalos no solo han recaído sobre los fiscales, sino también sobre jueces de distintas salas. Esta semana la Procuraduría General de la República denunció que la jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio, otorgó permisos a más de 50 reclusos para pasar el fin de año en sus casas.
La juez presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, defendió la acción de Rubio y dijo fue apegada a los procedimientos.
El año pasado, el Consejo del Poder Judicial destituyó a la jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, por haber intentado cobrar RD$300 mil a Celso Marranzini para beneficiarlo con una sentencia. Esa misma jueza fue la que en marzo de 2009 favoreció con una fianza de RD$3 millones a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).
Carvajal Vizcaíno ya había sido citada en 2011 por la Comisión de Inspectoría del Poder Judicial, porque la Procuraduría de la República la señaló como “protectora de delincuentes”.
En octubre del 2017, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) también suspendió al juez de Ejecución de la Pena, Willy de Jesús Núñez, por el escándalo de la fuga de Quirinito. De Jesús Núñez fue el juez que dispuso el traslado de Quirinito desde la cárcel de Najayo a la de San Francisco de Macorís.
Otra decisión muy cuestionada fue la de noviembre del 2015, en la cual el Tribunal Colegiado ordenó la libertad de los hermanos Buitrago, acusados de tráfico de drogas. El Ministerio Público decidió apelar y en el 2016 los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron 10 años cárcel para cada uno.
Faltas graves
En el 2013, cinco jueces de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal fueron sometidos a juicio disciplinario por ante el Consejo del Poder Judicial, acusados de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El sometimiento en contra de los magistrados Juan Procopio Pérez, Juan Alfredo Biaggi Lama, Genara Altagracia Araujo Puello, Rafael Sigfredo Cabral y Miguel Ángel Guiliani Disla fue presentado por la compañía Winton Trading Group Corporation.
En el 2012, el Consejo del Poder Judicial suspendió por alegadas faltas en el ejercicio de sus funciones al juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz, quien varió las penas contra los exbanqueros Luis Álvarez Renta y Leonel Almonte, En medio de conocerse un proceso disciplinario en su contra, renunció como juez. Medrano Quéliz acusó al entonces miembro del CPJ, Francisco Arias Valera, de supuestamente exigirle dinero a cambio de otorgar libertad a reclusos.
En el 2012 removieron sala Penal San Cristóbal
En febrero del 2012 la Cámara Penal de la Corte de Apelación de SC fue removida. El CPJ puso en retiro tres de los cuatro jueces que integraban ese tribunal. Esa corte había sido cuestionada por sectores de la sociedad, incluyendo el senador Winston Guerrero y el entonces diputado Nelson Guillén, por emitir sentencias favorables a imputados vinculados al narcotráfico. Fueron pensionados Altagracia Bautista de Castillo, juez presidenta de la Corte; César Adames Figueroa, segundo sustituto, y César R. Peñaló Ozuna.
Fiscales investigados por denuncia de corrupción
En el 2010, la Procuraduría General de la República ordenó investigar a los fiscales del Distrito Judicial de San Cristóbal, a quienes un informe del Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia acusa de negociar con delincuentes. La Procuraduría designó para tales fines a los procuradores adjuntos Ramón Arístides Madera Arias y Bolívar Sánchez, y al fiscal adjunto Edward Núñez. En el 2015 también fueron investigados tres fiscales adjuntos por irregularidades detectadas en expedientes.
