Las transferencias desde el Gobierno Central al sector eléctrico, que este año sobrepasan los RD$30,000 millones, representan una de las mayores cargas para el fisco dominicano, por lo que deben ser reducidos para así garantizar algunos derechos, advierte Oxfam Internacional.

Según señala la entidad en su informe “Se buscan recursos para garantizar recursos”, todavía para este año, tras dos décadas de constantes reformas, el subsidio eléctrico representa el 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual es al menos tres veces superior a la meta de financiación prevista por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Y superando además, subraya Oxfam, las partidas presupuestarias destinadas a 17 ministerios, siendo incluso superior al presupuesto combinado de 11 de estos como el de Turismo, Industria y Comercio, Economía, Deportes, Cultura, Trabajo, Energía y Minas, Administración Pública, Mujer, Juventud, y la Procuraduría General de la República.

Oxfam considera que para reducir esa partida que realiza el Gobierno a este sector es necesaria una profunda revisión, como se ha previsto en el Pacto Eléctrico. En el informe se señalan algunas líneas de reformas que se consideran “centrales” para empujar una reducción en el peso que significa este ámbito para el Presupuesto Nacional.

Para afrontar la pérdida de energía, Oxfam recomienda “acentuar esfuerzos en reparaciones en la infraestructura eléctrica del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Intercontectado (SENI) y la sustitución de equipos obsoletos que puedan mejorar los niveles de tensión y eliminar los apagones”. En ese sentido, la entidad considera que para eliminar las pérdidas no técnicas se necesita “recrudecer los mecanismos de sanción y castigo a quienes comenten fraude eléctrico y robo de energía”.

En cuanto a la capacidad instalada y matriz de generación, sugieren una transformación que vaya enfocada a la utilización de las energías renovables. El informe cita que el Plan de Gobierno 2016-2020 del partido oficialista plantea como meta llegar al 25% de oferta de generación a partir de fuentes renovables, que, apuntan, debe ser llevada de manera explícita al Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2017-2020, ya que necesitará financiamiento.

En torno a la compra de energía, consideran que “buscar contrataciones que abaraten la compra de energía a los generadores y que impulsen cambios en la matriz de generación” debe ser la prioridad. En ese orden advierten que también será necesario “mejorar la transparencia de los procesos de compra, a fin de despejar toda duda respecto a los términos de referencia, las licitaciones y la propia adjudicación final”.

Respecto a la tarifa eléctrica, Oxfam aconseja mejorar los niveles de eficiencia de las EDES en materia de cobranza, “recrudeciendo las multas y sanciones a usuarios con altos niveles de morosidad, en particular para aquellos en el sector industrial, Gobierno central y ayuntamientos, aparte de los mecanismos ya tradicionales empleados en clientes residenciales”.

Asimismo, sobre el Bono Luz, la entidad exhorta fortalecer los mecanismos de evaluación y monitoreo a los hogares beneficiarios del programa a fin de corroborar que estén llegando a quienes en verdad lo necesitan, bajo los criterios específicos establecidos para este subsidio.

Respecto a estas medidas, Oxfam finalmente considera que “actualmente la institucionalidad del sector es caótica”, por lo que creen necesario revisarla “y eliminar las duplicidades institucionales en la toma de decisiones y la planificación estratégica del sector, mejorar la gobernabilidad interna entre la CDEEE y las EDES para lograr una administración eficiente, otorgar a la SIE autoridad y autonomía, mejorar la regulación de las EDES y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía”.

Medidas son oportunas para mejorar sector

Oxfam indica que para obtener un descenso “significativo” en las transferencias gubernamentales al sector eléctrico, se hace imprescindible la combinación de las medidas señaladas en materia de ajustes tarifarios progresivos, reducción del techo del subsidio, nuevos acuerdos sobre compra de energía, acciones en materia de pérdidas técnicas y no técnicas, reformas al marco institucional y priorización de licitaciones de energías limpias en el período fiscal 2017-2020. De acuerdo con el documento, para este año las transferencias al sector eléctrico representan el 0.9% del PIB, en términos monetarios, unos RD$7,434.2 millones menos que lo transferido el año pasado, que cerró en torno al 1.2% del PIB. Asegura en ese orden que “de continuarse la tendencia decreciente iniciada en el año 2014, adoptando además medidas como las propuestas anteriormente, las transferencias del Gobierno central al sector deberían descender a, por lo menos, el 0.5% del PIB en año 2020”.

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