Asistí a una reunión en la que otro invitado, quejándose de la mala reputación de la justicia, indicó que un cambio de administración nos daría oportunidad de superar esa “terrible deficiencia”, enviando a la cárcel a quienes el ojo escrutador de la opinión pública señale como autores de actos indecoros contra el patrimonio nacional. Por lo general este tipo de reunión me resulta aburrida pero viniendo de un abogado la observación me sacudió.
Me asusta que alcancemos un nivel de desconfianza tal en la independencia de los poderes, cuya única posibilidad de ganarle terreno a la corrupción consista en vulnerar ese principio fundamental. Sea el actual o el que le reemplace en las elecciones del 2020, la responsabilidad del Gobierno es cuidar que los bienes públicos sean religiosamente guardados y de reunir las pruebas necesarias para llevar a la justicia a los responsables de violar las normas de un pulcro ejercicio de las funciones públicas. Determinar la culpabilidad final es una tarea de los tribunales. Son estos los que deben dictar las sentencias, sean de culpabilidad o de absolución.
Resultaría tan costoso como la impunidad misma, que un gobierno asuma el papel asignado por la Constitución al Poder Judicial. Por eso entiendo incorrecto enfrentar la corrupción, sentando precedentes que al final sólo lograrían quebrar la estabilidad democrática, debilitando aún más las bases que sostienen el sistema político bajo el cual vivimos. Sobre los sonados casos de corrupción que han originado marchas y protestas, la responsabilidad del Ministerio Público, es decir del Gobierno, es entregar a la justicia expedientes lo suficientemente documentados para que esta haga la parte del trabajo que le concierne. Por la reacción provocada al decirlo en la reunión me pareció que mi opinión no goza de mucho aprecio. Por eso creo que podíamos estar ante el peor de los dilemas.
