La Constitución de la República, en la sección de los Derechos Económicos y Sociales, establece mediante el artículo 50 la libertad de empresa, comercio e industria. “Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.
En el primer acápite de ese artículo señala con propiedad que “no se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado”. Más adelante precisa que el Estado “vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de seguridad nacional”.
Pese a que se trata de una prohibición de orden constitucional, cíclicamente el país sufre los desafueros de una organización de propietarios de camiones que impone su voluntad en la transportación de carga.
Es este uno de los casos en que es necesario cuestionar la existencia del llamado Estado Social y Democrático de Derecho.
¿Qué hace el gobierno para que se cumpla el artículo 50 de la Constitución en relación al transporte de carga? ¿Vela porque haya una competencia libre y leal? ¿Adopta las medidas necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, frente a Fenatrado? Más bien se coloca al margen cuando debe imponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las carreteras, impedir que una organización particular bloquee el transporte de carga, un servicio de primer orden para todos.
Como si el mandato constitucional no existiese, hace un año, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional pronunció una sentencia en la cual conmina al Estado a hacer cumplir la Constitución. No hay que preguntar si los ministerios de Trabajo, Interior y Policía y demás dependencias vinculadas han movido una pluma para hacer que Fenatrado se someta a la legalidad.
El gobierno, si es que no puede hacer la tarea, que al menos ruegue a esos dueños del transporte y las carreteras y de los derechos y libertades del resto de la ciudadanía.
