Si hay un tema relevante a lo largo del año 2017, este ha sido el de la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Aunque la demanda social se ha centrado en la corrupción administrativa y la responsabilidad de los políticos, no se puede obviar el señalamiento de algunos sectores de que esta lucha debe tener un enfoque integral. Es decir, atender las diversas aristas de un problema que atenta contra la calidad de nuestra democracia. Para que haya corrupción administrativa se requiere de un corrupto, que actúa desde el ámbito público; pero además, de un corruptor que en representación de intereses privados, se beneficia de una relación ilícita con el Estado.
En tal sentido, el rol que asuma el sector privado frente al flagelo de la corrupción es de vital importancia. Este puede ser de complicidad, como se evidencia en la manera opaca en que se ha financiado la política desde fuentes privadas; en conflictos de interés en la gestión pública, sobre todo en entes regulatorios o en el pago de sobornos y extorsión. Esto plantea que la lucha por la transparencia debe apuntar en una doble dirección, hacia lo público-político, pero también hacia lo privado.
El rol privado puede ser de combate, como el de distintas organizaciones empresariales que han desarrollado iniciativas para contribuir con el fortalecimiento institucional del Estado. El sector privado puede continuar con sus aportes en esta dirección, a partir de un mayor compromiso con tres grandes temas que se encuentran vigentes en la agenda nacional. El primero de ellos tiene que ver con el financiamiento privado de la política. En el proyecto de ley de partidos políticos deben quedar claramente definidos, el alcance de este financiamiento y los mecanismos de rendición de cuentas. Los empresarios tienen que convencer a los políticos de que el sector privado apoya esos cambios.
El otro tema se refiere a los esfuerzos de la DGII dirigidos a reducir los niveles de evasión y elusión fiscal, que implican cuantiosas pérdidas para el Estado. Esta acción debe contar con todo el apoyo de las organizaciones empresariales, las cuales deben llamar la atención de todo aquel que tenga negocios, para que cumplan con su obligación de tributar. Este compromiso sería coherente con la iniciativa que el sector privado ha venido promoviendo de una Ley de Responsabilidad Fiscal para una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Por último, está el compromiso de una profunda reforma del sistema de compras públicas, que haga posible una mayor integridad y transparencia en estos procesos.
