El aumento del pasaje ha sido la prueba de fuego del Intrant, órgano rector del sector, creado por la Ley 63-17El 2017 trajo importantes reformas en materia de transporte para la República Dominicana. Aunque los cambios aún no se manifiestan en la reducción del congestionamiento del tránsito o en el adecentamiento del servicio, en este año se enclavaron las bases para la mejora del sector. La promulgación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial fue el paso más contundente para encarrilar al sector en las vías del desarrollo.
Para vigilar su fiel cumplimiento y fungir como órgano rector del disgregado servicio se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dirigido por una mujer, Claudia Franchesca de Los Santos, ingeniera con vasta experiencia en el sector obras públicas y comunicaciones terrestres.
Se trata de un marco jurídico que por primera vez aborda a profundidad la seguridad vial y el sector transporte en todas sus aristas y llega en un momento en que el país encabeza la lista por muertes de accidentes de tránsito en la región.
Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2 mil 122 personas fallecieron el año pasado en la República Dominicana víctimas de accidentes de tráfico, un 8% más a las ocurridas en 2015. Estos eventos representan la principal causa de muertes violentas de la nación.
Por esta y otras razones, la promulgación de la Ley 63-17, el 21 de febrero del presente año, concitó gran respaldo de la población, excepto de algunos transportistas que consideraron que la normativa trae disposiciones perjudiciales para los choferes como es limitar la cantidad de pasajeros al número establecido por el fabricante del vehículo y fijar a 65 años la edad máxima para ser conductor en el transporte público.
El 5 julio la directiva del Intrant realizó su primera reunión de coordinación de trabajo con miras a elaborar los reglamentos que establece la Ley 63-17 en la que fuera la sede de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la cual quedó eliminada junto a otras cuatro entidades vinculadas al sector.
La ley, autoría del diputado Tobías Crespo, establece también la disolución del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) y la Caja de Pensiones y Jubilaciones de los choferes del transporte público.
Otros cambios que trajo la ley fue abrir la posibilidad de que la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) pasen a ser público-privadas.
Dispone además la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en la nueva Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Trabajando en los reglamentos
Al pasar revista de los primeros tres meses de gestión, el pasado 27 de septiembre, el Consejo de la Dirección del Intrant presentó los borradores de siete reglamentos, de más de 30 que contempla la ley, que luego de consensuados serán enviados al Poder Ejecutivo, para fines de aprobación. Entre estos se encuentran el de las Licencias de Conducir, el reglamento de Certificado Médico Psicofísico de Conductores, el de Inspección Técnica Vehicular y también el de Sistema de Conducción por Puntos. También están definidos los reglamentos de Transporte
Escolar y Taxis Turísticos.
Transportistas se imponen
Desde su puesta en funcionamiento, el nuevo organismo ha tenido que lidiar con la presión de los transportistas que durante los últimos tres meses han intensificado las amenazas de subir los precios de los pasajes alegando un aumento sistemático de los combustibles y el alto costo de operación del servicio.
Desafiando la máxima autoridad en el transporte, algunos sindicatos de las provincias Santiago y Santo Domingo decidieron aumentar hasta 5 pesos más la tarifa de los pasajes.
Actualmente, el Intrant socializa junto a los transportistas varios informes y propuestas del costo de operación de este sector que serán enviadas al Poder Ejecutivo, que deberá tomar la decisión. Será el próximo año cuando el organismo a través de los agentes competentes saldrá a las calles a hacer cumplir la ley que promete organizar el transporte en la República Dominicana.
