En la semana que acaba de concluir, el Banco Mundial presentó un informe sobre el crecimiento económico de Latinoamérica entre el año 2000 y 2014, período en el cual la economía latinoamericana tuvo un crecimiento promedio de 3.2% que permitió reducir la pobreza extrema al 12% y reducir la pobreza moderada al 25%, con tendencia al crecimiento y fortalecimiento de la clase media.
Sin embargo, el informe expresa un alto nivel de preocupación por las amenazas que se ciernen en contra de ese crecimiento fruto de los desastres naturales provocados por huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas en la región, pues cada año al menos una isla del Caribe es devastada por un poderoso huracán, mientras los países latinoamericanos ubicados frente al océano Pacífico están expuestos a grandes terremotos, maremotos y erupciones volcánicas porque en el borde del Pacífico se concentra el 90% de los terremotos que ocurren en nuestro planeta Tierra, sugiriendo aumentar los niveles de resiliencia en todos los países latinoamericanos y establecer un bono regional para la ayuda inmediata ante un desastre natural.
Simultáneamente con este importante informe, el director para Puerto Rico y el Caribe de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), Alejandro de la Campa, informó el pasado fin de semana que el huracán María ha sido la catástrofe meteorológica “más grande” que se haya registrado en la historia de alguna jurisdicción de Estados Unidos, porque el pasado 20 de septiembre de 2017 “devastó completamente a Puerto Rico dejando al 100% de la isla a oscuras, al 60% de la gente sin agua, y provocando daños del orden de los 100 mil millones de dólares”, dañando así la economía de una pequeña isla que, aunque siempre ha estado en la ruta de los huracanes, en la realidad no estaba preparada para resistir un huracán mayor.
Pero el peor desastre regional de los últimos 100 años ocurrió en nuestra isla Hispaniola y lo ha representado el terremoto que el 12 de enero de 2010 destruyó parte importante de la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, ya que ese terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter provocó el colapso de unas 400 mil edificaciones que al aplastarse abruptamente ocasionaron la muerte de 316 mil personas, heridas a 350 mil, mientras un millón y medio quedaron sin hogar, destruyendo la economía de la vecina nación, y todo porque allí no sabían que los suelos blandos aumentan las fuerzas sísmicas y aumentan la duración de la vibración sísmica del suelo, mientras las rocas rígidas atenúan y minimizan las fuerzas sísmicas, y para que una estructura construida sobre suelo flexible pueda resistir exitosamente cualquier terremoto se requiere la remoción de la porción superior más flexible de ese suelo, el uso de aisladores sísmicos o de amortiguadores sísmicos, y un diseño estructural dependiente de muros rígidos que resistan fuerzas cortantes en lugar de columnas aisladas que generalmente fallan por cortante sísmico cuando están sobre suelos flexibles.
Lo anterior indica que las dos naciones vecinas a la República Dominicana han sido destruidas por fenómenos naturales ocurridos en los últimos 8 años, pues tanto los huracanes como los terremotos y los maremotos tienen suficiente capacidad para destruir a una sociedad que no esté preparada para enfrentar las máximas fuerzas generadas por esos fenómenos, y es ahí donde adquiere importancia la alerta que hace el Banco Mundial para que aumentemos nuestros niveles de resiliencia frente a las amenazas naturales.
Es urgente que en los países latinoamericanos expuestos a terremotos comencemos a revisar los suelos, las fundaciones y las configuraciones estructurales de escuelas, hospitales, iglesias, estadios, represas, puentes, torres multipisos, plazas comerciales, industrias, zonas francas y líneas de transmisión eléctrica, a los fines de comenzar a eliminar las vulnerabilidades sísmicas para garantizar un correcto desempeño de todas esas estructuras cuando llegue el próximo gran terremoto, del mismo modo que en los países latinoamericanos expuestos a los huracanes debemos revisar nuestros códigos de construcción para incluir cargas de vientos de hasta 350 kilómetros por hora, pues ya vimos que en octubre de 2015 el huracán Patricia afectó el oeste de México con vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora, marcando un récord mundial, mientras en septiembre pasado el huracán Irma desarrolló vientos máximos de 298 kilómetros por hora, destruyendo todo lo que encontraba a su paso.
Ha llegado el momento de que en Latinoamérica comencemos a diseñar y a construir estructuras capaces de resistir las máximas fuerzas de una naturaleza cada vez más agresiva.
