La celebración de un aniversario más de la primera Constitución dominicana no debe agotarse en la realización de actos oficiales. El 173 aniversario de este vital acontecimiento, más que para celebraciones formales, debería servir para una profunda reflexión sobre los principales desafíos que tiene el país, de cara a instaurar una cultura de respeto a la Constitución que involucre a la ciudadanía y a los políticos. A estos últimos, para que tengan en cuenta que el ejercicio del poder está limitado por la Constitución y las leyes.
Avanzar hacia una cultura constitucional supone superar los problemas que han impedido que los principios constitucionales orienten el sistema democrático en la República Dominicana. Existe un desconocimiento generalizado de la Constitución y por lo tanto, de los derechos y deberes que les son inherentes a los ciudadanos. Al mismo tiempo, se irrespeta la Ley fundamental cuando se diseñan instituciones políticas débiles, que no son capaces de desempeñar su rol de control y fiscalización de los demás poderes del Estado. Esto indica que nos falta mucho por avanzar hacia una situación en que las prácticas y actitudes de los actores sociales y políticos estén determinadas por la Constitución.
Por las razones anteriores, no sorprende que esta fecha encuentre al país en el debate de si es necesario reformar otra vez la Constitución con el fin de introducir la reelección presidencial.
Diversas figuras plantean el tema sin importar lo que dice la propia Constitución al respecto. En su artículo 124, la Carta Magna es clara cuando indica que el Presidente podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás para el mismo cargo o el de Vicepresidente. Como si esto no bastara, la vigésima disposición transitoria establece con precisión que el actual presidente no puede presentarse como candidato en el año 2020.
El gran reto hoy es cómo lograr un cumplimiento cabal de la Constitución. Esto pasa por la aprobación de un nuevo marco jurídico y la realización de reformas de una serie de leyes adjetivas que quedaron obsoletas con la reforma constitucional del 2010. Un aspecto importante es la puesta en vigencia de los mecanismos directos de participación ciudadana que establece la Constitución, como el referendo, la iniciativa legislativa popular o el derecho a petición. Por otro lado, no se pueden seguir aplazando las medidas que permitan fortalecer la independencia de los poderes públicos, pues esta es una condición más que necesaria para el establecimiento de un real Estado de derecho. Estos y no otros, deberían ser los temas centrales en el debate constitucional.
