El ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, admitió que la deuda pública es un tema que preocupa al Gobierno y que eventualmente habrá que ponerle un control.
Santana indicó que pese a que la deuda preocupa a todos los sectores de la población y al Gobierno, “no es una deuda tan poco que ponga en riesgo, ni que implique que sea insostenible o que el país vaya entrar en una crisis, pero tampoco podemos seguir indefinidamente endeudándonos, sino que en algún momento habrá que ponerle un control a esa situación”.
Expuso que ponerle control a la deuda pública es generar superávit fiscal, lo que significa que hay que recaudar más ingresos de lo que el Gobierno gasta.
“Lo que implica cobrar más o gastar menos. Gastar menos es muy difícil, pues RD es un país que se caracteriza por tener un coeficiente de gasto muy bajo en el contexto internacional. Lo fundamental es recaudar más”, sostuvo el funcionario a su llegada al Congreso Nacional, donde discutiría con la comisión bicameral el presupuesto del 2018.
Santana sostuvo que el déficit que tiene el Gobierno se está “bajando”. “No lo ha podido eliminar totalmente, pero mientras no lo elimine, se necesitan tomar préstamos”, dijo Santana.
El ministro manifestó que la eliminación de las exenciones fiscales y las exoneraciones a los legisladores es primordial para la discusión del pacto fiscal y del Gobierno.
Expresó que en el país se realizan esfuerzos para mejorar la capacidad de recaudaciones, pero que a pesar de todas las reformas, se termina recaudando un 14 % del producto interno bruto (PIB).
“Los analistas del tema, cada vez que se evalúa la situación se concluye conque que la solución comienza con la eliminación de las exenciones impositivas, eso incluye las exoneraciones de los automóviles a los legisladores, la que reciben algunos sectores productivos que tienen contrato con el Estado y las destinadas para resolver algunos sectores de la población”, apuntó.
Comisión recibe adenda
La comisión bicameral recibió formalmente una adenda para modificar el presupuesto, que contempla un aumento de 60 millones de pesos para la Cámara de Cuentas, 30 millones para el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, y 30 millones a la Defensoría Pública. “El Estado está haciendo un gran esfuerzo en función de que tiene una presión tributaria por debajo del 14 %”, indicó el presidente de la comisión, Dionis Sánchez.
Defensoría dice aumento es insuficiente
La directora de la Oficina de Defensa Pública, Laura Hernández, calificó de insuficiente el aumento presupuestario de RD$30 millones que hizo el Poder Ejecutivo a la institución. Dijo que solicitaron un presupuesto para el 2018 de RD$465 millones más al que actualmente ejecutan que es la misma cantidad. Sin embargo, expresó que el Gobierno sólo les aumentó 80 millones, 50 en la distribución normal y 30 millones de la adenda.
