Distintas instituciones de la sociedad civil coincidieron en decir que la falta de un régimen efectivo de consecuencias, es lo que impide que las acciones para combatir la corrupción surtan efecto.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puso como ejemplo, el régimen de sanciones en materia de contrataciones públicas.
“En principio la sanción es de naturaleza administrativa, y generalmente cuando se anulan licitaciones por anomalías en el proceso, no hay un régimen penal que sancione a quienes manipulan una licitación” , sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Por lo que, indicó, “no basta con estar creando comisiones, lo que importa y a lo que hay que prestarle atención, es que las instituciones y los sistemas de consecuencias funcionen y manifestar la voluntad de que eso ocurra”.
En tanto que Julio César de la Rosa, coordinador de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) reconoció que las herramientas implementadas por el Gobierno para enfrentar la corrupción, han ido conforme las recomendaciones que formulan las agencias multilaterales que abordan la problemática.
“Las disposiciones están, la falla es en la aplicación de las mismas que acompañada de la falta de un régimen de consecuencias efectivo, hacen más que imposible que se vean los avances en la lucha”.
Indicó que el modelo de veeduría pudo tener éxito si éstas hubiesen sido dispuestas por ley y que contemplara al mismo tiempo consecuencias para los incumbentes que no acataran las exigencias de las mismas, además de conformarse por expertos en materia de compras y contrataciones y derecho administrativo y constitucional.
De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia afirmó que se advierten esfuerzos para propiciar un clima de transparencia en el manejo de los fondos públicos, no obstante, al ver los resultados “tenemos que concluir en que dichos esfuerzos han devenido en insuficientes. No basta con los aprestos gubernamentales, el combate de la corrupción tiene que ser frontal e integral”.
Dijo que es indispensable dotar al Ministerio Público de independencia funcional, presupuestaria y administrativa.
“La justicia tiene que estar libre de cuestionamientos y sospechas en su accionar, al margen del reparto político y funcionando como un verdadero poder del Estado”.
Órganos de control deben armonizar
Finjus consideró que mientras los órganos de controles del Estado, como la Cámara de Cuentas, Ministerio Público, Contraloría , Congreso Nacional, no se armonicen, seguirá siendo un fracaso la lucha contra la corrupción en el país. Asimismo, abogó por una transformación del sistema de Compras.
República Dominicana está entre los diez países más corruptos del mundo, según el Índice Global de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico.
