Mirelys, Aurelina, Esperanza, Victoria Pamela, son solo algunos de los nombres de las más de 80 mujeres asesinadas en el país en lo que va de año. La mayoría de estas víctimas fueron niñas y mujeres jóvenes que durante años sufrieron maltratos por parte de sus agresores. Esto no se constituyó en una señal suficiente para poner en alerta los mecanismos de protección y apoyo que permitieran evitar la tragedia que al final aconteció. El alto número de mujeres asesinadas indica que no han servido de mucho las múltiples campañas realizadas para reducir la epidemia de los feminicidios.
Frente a la magnitud de este problema, es urgente plantearse qué hacer. La sociedad no puede permanecer indiferente ante estos hechos, mirando como una estadística más las alarmantes cifras de mujeres víctimas de violencia. Según la Procuraduría General, entre los años 2005 y 2016 hubo mil 166 casos de feminicidios en el país. Más de 100 mujeres asesinadas al año, lo que tiene como secuela la orfandad de un gran número de niños y niñas y la situación de cientos de familias que quedan devastadas. El de los feminicidios no es un dato cualquiera, esta realidad debe provocar alarma, generar aflicción, pero sobre todo, mover a la acción.
Esta lucha requiere de una estrategia integral que combine varios elementos. En primer lugar, la erradicación de la cultura machista en el país. Esto supone borrar de la mente de los hombres dominicanos la visión de que las mujeres son parte de su propiedad y que por lo tanto, se interactúa con ellas a partir de una relación de poder autoritario y de dominación. Urge educar para la paz, desde una perspectiva que tenga en cuenta la construcción de una nueva masculinidad. Esta visión tiene como base una relación hombre-mujer basada en la equidad y el respeto a la libertad.
Los demás componentes de esta estrategia deben ser la transformación del marco jurídico y la formulación de políticas públicas efectivas para prevenir los feminicidios y garantizar los derechos de las mujeres. En tal sentido, el Congreso deberá avanzar en la aprobación de la ley que crea el “Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Se requiere además de una más estrecha coordinación del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y Salud Pública, en la implementación de las políticas dirigidas a enfrentar la violencia de género. Por último, es indispensable contar con el compromiso de la sociedad para enfrentar y denunciar todo tipo de señal agresiva de los hombres violentos.
