La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), presentaron un directorio para la identificación de las organizaciones de la sociedad civil que representan a grupos vulnerables.
El documento, con los datos de unas 70 instituciones, será de fácil acceso para los no videntes, sordos, discapacitados y otros, lo que a su vez permitirá el diseño de herramientas para mejorar el acceso a la justicia.
En su elaboración, también participó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
La directora de la ONDP, Laura Hernández, explicó que estas acciones forman parte del compromiso que han asumido con la defensa de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal.
“La institución ha podido detectar como una necesidad social la falta de asistencia legal como el mayor de los obstáculos que enfrentan los grupos en condiciones de vulnerabilidad para acceder a la justicia y ejercer el reclamo de sus derechos”, señaló.
Dijo que el Estado debe ser garante del respeto de los derechos de las personas y asegurar la existencia de los medios idóneos y efectivos para acceder a ellos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 01-12.
También el jurista Jorge Eduardo Prats aseguró que además del directorio, se deben generar nuevas acciones, como el establecimiento de un vínculo con las universidades a través de las clínicas jurídicas, organizar la competencia nacional sobre derechos de los grupos en vulnerabilidad, apoyarse en los departamentos pro bono de las oficinas de abogados para la solución de casos de personas en situación de vulnerabilidad y definir estratégicamente los litigios.
Finalmente, el director ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, mostró su satisfacción por la creación del Directorio y señaló que con este tipo de instrumentos se fortalecen los mecanismos para el respeto a los derechos fundamentales y la oportuna atención de los grupos vulnerables.
