CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El procurador general de México, Raúl Cervantes, renunció a su cargo el lunes, un año después de que fue nombrado. Dijo que no desea ser una distracción mientras se aprueba una ley que volverá a la fiscalía un órgano más independiente.
Cervantes declaró ante el Senado que su renuncia era inmediata e irrevocable e hizo un llamado al Congreso a «no detener más las urgentes leyes» que el país necesita y que han estado estancadas durante meses.
México aprobó recientemente reformas constitucionales que buscan dar más independencia al cargo del fiscal general, cuyo término de nueve años lo volvería menos vulnerable a la presión de presidentes, cuyo mandato dura un sexenio.
El plan original hubiera dado «pase automático» a Cervantes como fiscal general, pero organizaciones y políticos de la oposición reaccionaron con fuertes críticas, argumentando que el procurador era aliado del presidente Enrique Peña Nieto y que por ello podría lograr que su gobierno no fuera investigado una vez que concluya su mandato el año entrante.
Cervantes fue el tercer procurador de Peña Nieto en cinco años. El mandatario lo nominó en octubre de 2016 para reemplazar a Arely Gómez.
Entre las controversias que enfrentó como procurador fue investigar la desaparición de 43 estudiantes que fueron detenidos por policías locales en el estado sureño de Guerrero en septiembre de 2014.
Jesús Murillo Karam, el primer procurador de Peña Nieto, anunció que las autoridades habían llegado a la «verdad histórica» en el caso de los jóvenes desaparecidos, pero su reputación se vio desacreditada cuando esa versión fue desmentida por expertos internacionales. Gómez reemplazó a Murillo Karam en 2015 y encabezó esfuerzos para reexaminar el llamado caso Ayotzinapa.
En su discurso ante los senadores, Cervantes dijo que la Procuraduría General de la República ha procesado casos contra personas que «se creían intocables, varios gobernadores, hoy están en la cárcel bajo procesos y también hay alcaldes presos que pactaron con la delincuencia organizada».
También dejó entrever que una investigación muy esperada sobre las actividades de la firma brasileña Odebrecht y la petrolera estatal Pemex ya concluyó. En agosto, la PGR informó que Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Sin dar nombres, Cervantes dijo que «el complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones».
