El bajadero es un acomodo de uso frecuente en la actividad política criolla, usado cuando en situación de tensión se da una salida al margen de lo que manda la norma, sean estatutos, reglamento o la votación de un organismo con poder decisorio.
El bajadero es acordado en las cúpulas partidarias para evitar situaciones de ruptura o división entre líderes, dirigentes o grupos, en las que el organismo de ocasión no pueda darle una administración que deje satisfechas a las principales partes en conflicto.
Es lo que intuyo ocurrió cuando el Comité Político del PLD decidió no votar que en la Ley de Partidos se incluya el padrón de los partidos, o el de la Junta Central Electoral. Se supone que el presidente Medina acudía a esa reunión con el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político, buena parte de ellos funcionarios o beneficiarios del Gobierno, de alguna u otra forma.
Pese a ello, el presidente prefirió proponerle al comité un bajadero que evitara la votación en la que, vaya ironía, si él aplastaba la posición del ex presidente Leonel Fernández de primarias con padrón de los partidos, que es la misma de la oposición y de la sociedad civil, el mandatario se aislaba aún más de lo que está del resto del país.
La supuesta o real mayoría con que cuenta hoy el presidente en el Comité Político se da en una situación muy distinta a la que disfrutó en su primer gobierno, cuando recompuso en su favor el dominio en el Comité Político y el Comité Central.
No cuenta hoy con el flujo de poder y la alta popularidad ciudadana con que contaba cuando hizo la reforma constitucional para imponer su reelección en esos organismos partidarios y en el Congreso Nacional.
Por el contrario, el gobierno danilista capea un aciago reflujo, marcado por el desprestigio internacional relacionado con señalamientos de corrupción ventilados en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ministerio Púbico de Brasil y medidos por el Foro Económico Mundial, con eco en los más destacados medios de información planetaria.
Internamente, la administración Medina ha recibido una severa condena de la población dominicana, que en más de un 91% favorece la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, males que en gran medida le son atribuidos a su gestión.
Como se le atribuye también al mandatario el franco deterioro institucional que deviene de su control de todos los poderes públicos, gran parte de la prensa y la subordinación a sus designios de las cúpulas empresariales.
Entra Medina a un sexto año de gestión sin que sus gobiernos hayan iniciado la ejecución de estrategias para solucionar problemas como la inseguridad ciudadana, provisión de salud y educación de calidad, seguridad social y otras políticas que impulsen la equidad y el desarrollo social y humano.
Hoy existen encuestas reveladoras de que hasta un 70% del electorado rechaza la idea de otra reforma constitucional que posibilite una segunda reelección del presidente.
A ese cuadro, se agrega la oposición maciza de la oposición y de buena parte de su PLD a la celebración de primarias con padrón abierto, entre otras razones porque puede dar lugar a dirigir el uso clientelista de las tarjetas sociales y de los empleados gubernamentales a cualquier candidato que favorezca el poder oficial.
Es en ese contexto que el mandatario propuso a abogados la consulta de inconstitucionalidad o no de las primarias partidarias, consulta en la que los abogados no tendrían de otra que decir que es blanco el caballo blanco de Napoleón, o simplemente darle largas al tema en lo que se mueren el jeque, el caballo o el condenado.
