En cumplimiento del plazo constitucional, durante este período el Poder Ejecutivo suele presentar anualmente ante el Congreso Nacional el Presupuesto General del Estado. Teniendo en cuenta que este es el instrumento que permite determinar las prioridades del Estado en materia de políticas públicas, siempre se generan amplias expectativas en la sociedad. Al mismo tiempo, algunas instituciones públicas esperan ser favorecidas con un incremento en su partida presupuestaria. Sin embargo, estas expectativas chocan con una realidad determinada por las serias limitaciones para la incorporación de innovaciones presupuestarias que impliquen cambios significativos en comparación con presupuestos anteriores.
Se debe reconocer el esfuerzo de las autoridades por mejorar el gasto social, cumpliendo con la inversión del 4% en educación, aumentando la inversión en salud y destinando recursos importantes en nuevos programas que deberán tener impacto en la calidad de vida de la gente. No obstante, esta inversión sigue siendo insuficiente tomando en cuenta la enorme deuda social que ha acumulado la República Dominicana durante décadas. El gran problema es que los recursos del Estado no dan para asumir todas las tareas pendientes y por otro lado, no se ha hecho todo el esfuerzo necesario para un uso más racional de los recursos disponibles.
Año tras año se sigue teniendo un presupuesto deficitario, que dedica una proporción importante de los recursos al pago de los intereses de la deuda pública. Frente a esta delicada situación, es muy poco el margen que tiene el gobierno y el Congreso para llevar a cabo cambios sustanciales en la pieza presupuestaria. Si de verdad se quiere que el presupuesto tenga un impacto relevante en la promoción del desarrollo social y económico del país, otra tiene que ser la discusión. Es urgente comenzar a debatir, y construir consensos, sobre las reformas profundas que se requieren para la instauración de una nueva fiscalidad.
Es esencial incrementar la capacidad recaudatoria del Estado, lo que supone ampliar las medidas dirigidas a reducir la evasión y elusión fiscal que existe en el país. Pero claro está, esto no debe postergar la discusión del pacto fiscal contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con una presión fiscal de apenas un 14% del PIB, es impensable tener políticas públicas que mejoren la institucionalidad democrática y el desarrollo en la República Dominicana. Al mismo tiempo, desde el Estado debe haber una apuesta por mejorar la calidad del gasto público, lo que implicaría un conjunto de reformas que permitan establecer prioridades en la inversión pública, eliminar las duplicidades en las instituciones gubernamentales y reducir los riesgos de corrupción.
