Mejorar en el Índice de Competitividad Global (GCI) del Foro Económico Mundial sigue siendo una tarea pendiente. Esta semana se presentó la versión correspondiente al período 2017-2018 de este índice y en ella el país desciende a la posición 104 de 137 países medidos. El pasado año ocupábamos el lugar 92. En una puntuación que va del 1 al 7, el país obtuvo un 3.87, siendo la quinta nación peor valorada de la región de América Latina y el Caribe, solo por encima de El Salvador (3.77), Paraguay (3.71), Venezuela (3.23) y Haití (3.22). Los países mejor evaluados del área fueron Chile (4.71) y Costa Rica (4.50).
El GCI mide doce pilares entre los que se encuentran los temas de institucionalidad, infraestructura, entorno macroeconómico y salud y educación primaria. Llama la atención la baja puntuación del país en los aspectos de carácter institucionales. Entre ellos se encuentran una serie de variables que nos dejan muy mal parados en comparación con otros países del mundo. La República Dominicana ocupa los últimos lugares en temas como corrupción, confianza en los políticos, independencia judicial, favoritismo en las decisiones políticas y comportamiento ético de las empresas.
Sin dudas que el escándalo Odebrecht y la impunidad con la que se ha manejado una serie de casos de corrupción, entre otros aspectos, han influido para que el país empeore en este índice. Sin embargo, muchas de las variables medidas se refieren a temas que trascienden la coyuntura o la simple percepción. El déficit institucional ha estado presente desde hace décadas en la agenda nacional. Todo indica que no se ha hecho lo suficiente para promover los cambios profundos que demanda la sociedad en esta materia. El país solo mejorará en el Índice de Competitividad Global si se asume de una vez y por todas el desafío de impulsar las reformas políticas e institucionales pendientes.
En el caso del sistema judicial, el proceso de reforma iniciado en 1997 para garantizar su autonomía y eficiencia, fue cercenado en función de intereses políticos partidarios. Es importante contar con poderes públicos independientes, en capacidad de cumplir con el rol al que están llamados. Una señal positiva en esta dirección fue la reciente actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, la cual debe afianzarse. Por otro lado, sigue siendo un reto primordial la reforma y modernización del Estado. Esto supone una apuesta por su profesionalización y por lo tanto, una ruptura con el Estado clientelar y patrimonial que nos caracteriza. Por último, enfrentar la corrupción y la impunidad es una tarea que no puede esperar.
