La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) condenó ayer la existencia de un mercado de municiones que funciona de manera ilegal en diferentes lugares, catalogándolo como una situación que debe ser objeto de “máxima preocupación de toda la sociedad”.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños, lamentó que hasta el momento las autoridades competentes no hayan reaccionado en la dirección que exige la recientemente aprobada Ley de Armas ante la información publicada por este diario en torno al tema.
Cataños señaló que reiteradamente ha planteado que este tipo de fenómeno se mantiene por la desidia de los órganos competentes y el ambiente de falta de control en áreas claves de la institucionalidad del país.
“Desde el pasado año, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una moderna ley que regula el control de las armas de fuego, las municiones y los materiales relacionados: la Ley No. 631-16. En ese orden, puede decirse que el Estado dominicano cuenta con los elementos normativos para verificar cualquier irregularidad que se presente en la realidad y sea contraria a los elementos de la norma anteriormente mencionada”, considera el vicepresidente ejecutivo de Finjus.
Subrayó que la venta de municiones, armas de fuego y materiales relacionados se encuentra regulada en el Capítulo VIII de la Ley No. 631-16. Puntualizó que es en el artículo 28 de esta norma donde se establece que “las personas jurídicas dedicadas a la venta de armas de fuego de uso civil, armas deportivas, municiones y sus materiales relacionados, perdigones y fulminantes, en cualquiera de sus presentaciones, y demás materias primas para elaborar los productos y actividades regulados por la presente ley, deben disponer de la licencia de uso comercial correspondiente…”.
“Tomando en cuenta lo anterior –continúa Castaños – debe llamarnos a la reflexión dos cuestiones fundamentales: quién es el órgano encargado de autorizar la licencia de uso comercial y, por tanto, cuánta importancia se ha otorgado al texto de la norma para que sea efectivo y eficaz su cumplimiento”.
Puntualizó que el párrafo del artículo 28 contempla que “las armerías podrán vender armas de fuego y municiones de uso civil debidamente autorizadas por el Ministerio de Interior y Policía”, es decir, que el Ministerio que tiene a su cargo la vigilancia y fiscalización de estas compras y ventas está claramente definido en la norma, por lo que “el Estado tiene un papel responsable para hacer cumplir las disposiciones”.
Ministerio de Interior y Policía investigará
Entre tanto, el Ministerio de Interior y Policía informó que dispuso una investigación sobre la denuncia de que en incluso ferreterías y tiendas de repuestos automotores se estaría vendiendo municiones para armas de fuego. Así lo anunció el viceministro de Control de Armas y Director del Gabinete Ministerial de Interior y Policía, Winston Juma, quien agregó que inspectores de la dependencia fueron encargados de hacer las indagatorias.
