Sin pena ni gloria en el debate público pasó el recién presentado Índice Global de Impunidad (IGI 2017) del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justica (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (México). Esta investigación tiene por objetivo la medición de los niveles de impunidad en 69 países del mundo que forman parte de la ONU. La República Dominicana no aparece en los peores lugares, pero sí en una situación que revela los enormes desafíos que tiene el país en esta materia. Por esta razón, este es un estudio a tomar en cuenta.
La primera versión del índice se presentó en el año 2015 y para la del 2017, se incluyó por primera vez a la República Dominicana. Esta incorporación fue posible gracias a que el país generó informaciones, disponibles en la 0ficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que le permitieron salir del grupo de más de una docena de estados en la región que son definidos como países con impunidad estadística. El IGI toma en cuenta 12 variables distribuidas en tres indicadores: seguridad, sistema de justicia y respeto a los derechos humanos. El rango de medición va del 0 al 100, donde cero significa impunidad nula y 100 el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse en el periodo de referencia.
Los tres países con más bajo índice de impunidad fueron: Croacia (36.01), Bulgaria (37.19) y Eslovenia (37.23). En tanto que entre los países con más alto niveles de impunidad están: Filipinas (75.6), India (70.94), Camerún (69.39), México (69.21), Perú (69.04), Venezuela (67.24) y Brasil (66.72). La República Dominicana, con 60.61, es catalogada como un país con impunidad media e impunidad media alta, por debajo del promedio del continente americano que es de 62.1. De todas formas, este dato evidencia las serias dificultades que tiene la nación dominicana para castigar de manera ejemplar las frecuentes violaciones a sus leyes.
El estudio señala que los mayores retos del país en materia de impunidad están asociados a su sistema de justicia. Por esta razón, es necesario insistir en lo que se ha indicado en múltiples ocasiones, que sin un sistema de justicia independiente y con recursos suficientes, no es posible combatir la corrupción y el crimen organizado. Una justicia débil como la dominicana, es incapaz de investigar y sancionar a quienes cuentan con un mínimo de poder político o económico. La reciente acusación del Ministerio Público sobre los sobornos de los Super Tucano, es una muestra de que en la lucha contra la impunidad avanzamos poco.
