A las dificultades propias de nuestro país, contribuye el anacrónico sistema de documentación del Estado Civil, con la Ley 659 de julio de 1944. A 73 años de una concepción organizativa del país de “Concho Primo”, en pleno siglo 21, son válidos criterios para una sociedad que ya no existe, frente a sistemas digitales que chocan con ese atraso garrafal. Resulta un absurdo viviente que los organismos del Estado deban cumplirlo como mandato obligado. Supone esto, una carga terrible sobre el ciudadano común, que se agota en gestiones y documentos para llenar archivos que terminarán en vertederos, mientras por años ocupan espacios inútiles. Las poblaciones de hoy no viven y giran alrededor de los ayuntamientos y muchas leyes los ubican como ejes de la vida de los pueblos del interior. Los “avisos” en las puertas de esos ayuntamientos, no garantizan el que la mayoría de la población se entere de su contenido. Son reminiscencias de las alcaldías y ayuntamientos de la edad media y de nuestra época colonial, donde se leía un “bando” a golpe de redoblante y la población toda (compuesta de cuatro gatos) se enteraba. Los términos de elevar una “instancia”, que al fin y al cabo no es más que una carta conteniendo una solicitud, por lo general dirigida al funcionario de mayor rango, es el común denominador de requerimientos oficiales. Lo absurdo es que, al mismo tiempo, se llena un formulario con todos los datos, sin que nadie repare en que se trata de un contrasentido duplicado. La expedición del Ministerio de Interior y Policía, de una requerida certificación de “Vida y costumbres” a su vez paralela con un certificado de “No delincuencia”, librado por la Procuraduría, no muestra el comportamiento cívico ciudadano del solicitante, pero resulta un perturbador requisito ineludible. Al Poder Ejecutivo llegan documentos que la ley obliga, que roban tiempo al Presidente, con obligaciones absurdas e innecesarias.

Los legisladores, aquellos que asumen su labor como creadores de legislación para mejorar la vida ciudadana, deberían enfocar su interés en modificar conceptos que corresponden a la República Dominicana de hace casi un siglo, cuando se organizaba el Estado dominicano y en pleno auge el régimen de Trujillo, que con estas cosas lograba control e información ciudadana, disfuncional hoy día. La modernización del Estado requiere de la revisión de infinidad de leyes que no aplican a la sociedad dominicana del 2017. Pocas cosas digitales funcionan para el público, sin la fragilidad de convertirse en gestiones análogas, ante el menor imprevisto. El gran cambio apenas comienza y hay funcionarios resistentes a esos procesos modernizantes que deberán favorecer a la ciudadanía toda. La juventud no comprende la complejidad de obtención de cualquier documentación oficial y la vocación de “ponérsela en china”, a todo aquel que se aventure en la difícil tarea de obtenerlas.

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