El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar un reporte sobre el desempeño reciente de la economía dominicana, el contexto que lo condiciona, los riesgos que acechan y los desafíos a que se enfrenta. Es difícil estar en desacuerdo con la mayoría de los puntos que plantea el documento, aunque hay algunas ausencias relevantes.
El contexto
El reporte reconoce que el crecimiento económico del país en los últimos años (7% entre 2014 y 2016), el cual ha sido superior al crecimiento promedio de las últimas décadas (algo más de 5% por año), ha sido favorecido por un entorno externo conveniente debido a los bajos precios del petróleo, y al crecimiento del turismo y las remesas impulsadas por la recuperación económica en Estados Unidos. Esto se puede leer como un llamado de atención a quienes pretenden dar todo el crédito del elevado crecimiento a la gestión gubernamental.
También reconoce que la estabilidad de precios, en parte derivada de una política monetaria restrictiva, y en parte por los bajos precios del petróleo y otras materias primas, ha sido un factor relevante que ha generado mayor certidumbre, y que las exportaciones no han jugado un rol destacado.
Sin embargo, el reporte no admite los costos de la política monetaria restrictiva. Se queda corto en llamar la atención de que el activismo del Banco Central en la colocación de sus bonos en procura de secar a la economía de liquidez, se ha traducido en una elevada tasa de interés real, y probablemente en menor inversión en proyectos productivos y en menos empleo de lo que hubiese sido posible lograr. Se limita a decir que la postura restrictiva es conveniente para los meses por venir cuando se espera una recuperación de los precios de las materias primas y posibles presiones inflacionarias. Pero para ser consistente con eso, debió haber apuntado que siendo el caso que desde 2015 esos precios han estado deprimidos, la política debió haber sido más laxa y debió haber evitado una inflación menor al objetivo de las mismas autoridades, lo cual hubiese también hecho que la deuda del Banco Central hubiese crecido menos.
El Fondo apropiadamente apunta que el crecimiento ha tenido resultados positivos en la reducción de la incidencia de la pobreza y el desempleo, aunque en este último hay que indicar que ha sido pequeño, que el periodo de crecimiento tan elevado llegó a su fin, y que nos abocamos a uno de crecimiento más moderado, cercano a lo que ha sido el nivel histórico.
Los riesgos
El reporte apunta que la economía afronta seis riesgos fundamentales, cinco de ellos de origen externo y uno origen interno.
El primero es el recrudecimiento de las condiciones en los mercados financieros internacionales, en especial en Estados Unidos. Llama la atención que el efecto más importante en el país no sería tanto que endurecería las condiciones de acceso al crédito del país en el futuro cercano sino que obligaría al Banco Central a asumir una postura más restrictiva, empujando hacia arriba aún más la tasa de interés. Con ello, la inversión y el crecimiento se resentirían. Efectos compensatorios se esperarían por el lado externo: si sube la tasa de interés en Estados Unidos, es porque habría crecimiento, lo cual empuja a las exportaciones, el turismo y las remesas.
El segundo es que se endurezcan las políticas migratorias en Estados Unidos. El reporte dice que el riesgo es bajo porque la mayor parte de los migrantes dominicanos en ese país tiene un estatus migratorio regular. Sin embargo, hay que apuntar que puede tener efectos importantes a mediano términos en los flujos de remesas el hecho de que se restrinja de forma importante las visas de reunificación familiar.
El tercero es que Estados Unidos proponga una revisión del DR-CAFTA. Este riesgo parece bajo, en especial porque el balance comercial de la región y de la República Dominicana con Estados Unidos favorece a este último. Sin embargo, no solo no es inexistente sino que sus efectos podrían ser severos debido a que la incertidumbre impactaría negativamente las inversiones y las exportaciones.
El cuarto es que los precios del petróleo se recuperen. Aunque parece muy poco probable que el West Texas, nuestro referente, supere los 60 dólares el barril, un incremento que se acerque a 55 dólares (actualmente se ubica cerca de 47 dólares) tiene implicaciones serias sobre los costos en general en la economía y sobre el sector eléctrico y las finanzas públicas.
El quinto es que la recuperación de la economía global, y en especial la de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, se resienta, afectando turismo, exportaciones, remesas y quizás inversión extranjera. La incertidumbre política en ese país es la principal fuente de riesgo en la actividad económica.
El sexto es un deterioro en la confianza y de la credibilidad en las políticas en el país. Esto se podría asociar a dos cosas. Primero, una percepción negativa de la evolución de los casos de corrupción en la justicia y del compromiso contra la corrupción y la impunidad. Eso afectaría en especial la inversión privada. Hay quienes argumentan que la intensa caída de ella en el primer trimestre de 2017 tiene que ver con eso. Segundo, una percepción de que no habrá avances importantes en materia fiscal y del sector eléctrico, y que la situación de las finanzas públicas empeorará, aumentando la probabilidad de crisis.
Los desafíos
En su reporte, el FMI apunta que el país tiene tres grandes desafíos económicos. El primero es el fiscal. En un lenguaje llano dice que sin reformas es difícil que se logre reducir el déficit fiscal, el cual es la fuente del crecimiento de la deuda pública, que el esfuerzo para cerrar la brecha tiene que ser de entre 2.5% y 3% del PIB, y que hay que tratar de llevar la deuda total al equivalente a un 45% del PIB (actualmente está muy cerca de 50%). De hecho, proyecta que en 2017 el déficit crecerá en 0.6 puntos porcentuales respecto a 2016, a pesar del esfuerzo por incrementar las recaudaciones desde la DGII.
En términos de las reformas, sugiere lograr resultados en el Pacto Eléctrico que reduzcan decididamente el subsidio al sector, reducir las exenciones en el ITBIS, en el impuesto sobre la propiedad y otros impuestos, y reducir el monto de la exención del impuesto sobre la renta de las personas. Actualmente, los primeros 34 mil pesos de ingresos por mes están exentos. Al mismo tiempo advierte que hay que mejorar la calidad y eficiencia del gasto público y racionalizar el gasto en instituciones públicas ineficientes, no sólo por el impacto en la calidad de los servicios sino también porque permitiría ahorrar recursos.
El segundo es que el país adopte metas específicas de gasto público y de deuda que impidan que los compromisos de deuda se vuelvan inmanejables y constriñan eventualmente el gasto público. A esto podría contribuir que se nombre un consejo independiente que contribuya a monitorear el desempeño fiscal y el cumplimiento de las metas.
El tercero, ha sido insistente con esto, es lograr una mayor flexibilidad cambiaria. Argumenta que las intervenciones en el mercado cambiario deben limitarse a controlar la volatilidad cuando sea oportuno. Esto fue una crítica velada a la política que se ha seguido de evitar la depreciación de mediano plazo. En un contexto de incertidumbre, esto ayudaría a dos cosas. Primero a que el movimiento de la tasa de cambio ayude a amortiguar los efectos de choques externos. Segundo, a que el Banco Central pierda menos reservas y fortalezca su posición y su capacidad de intervenir cuando sea necesario.
Por último, el Fondo le “entró” a tres problemas que considera están de fondo y que necesitan ser enfrentados para lograr crecimiento sostenido y bienestar: la pobreza de nuestras instituciones, la baja calidad de la educación y de los servicios de salud, y los problemas de infraestructura.
El reporte ignoró en lo fundamental los temas vinculados al desarrollo productivo, el aumento la productividad, al cambio tecnológico y a la competitividad. Suele hacerlo quizás para no meterse en temas de otras organizaciones internacionales.
A pesar de esa y otras ausencias, y a pesar de que el reporte es algo generalista y cuidadoso, éste da cuenta de muchos de los riesgos y desafíos más críticos de la economía y las políticas públicas. En general, hay poco disenso sobre lo que dice, y mucho de eso se ha venido diciendo desde hace un tiempo.
Parece haber, sin embargo, una suerte de letargo, de actitud evasiva frente a los problemas estructurales, y de conducción de la política económica en piloto automático, con pocos reparos respecto al rumbo de largo plazo.
Sin decirlo explícitamente, es advertido nueva vez, no por la oposición política, tampoco por los “inconformes de siempre”, sino por un actor libre de sospechas y que no anda enredado en las minucias del patio. Hay que prestar atención.
