El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, reiteró ayer que los ejecutivos de la empresa Lajún Corporation deberían estar en prisión preventiva por violar varios artículos de la Ley no. 64-00 sobre Medio Ambiente.
Domínguez Brito dijo que la empresa que gestiona el vertedero de Duquesa incumplió con los artículos 174, 175, 176 de la menciona ley.
El titular de la cartera ambiental indicó que el pasado 3 de agosto depositaron ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo una querella contra los gerentes de la empresa y esperan que más temprano que tarde el sistema de justicia accione, y se instruya el expediente a los fines de proceder contra Adrian Chistopher Lee-Chin y al civilmente responsable Lajun Corporation S.R.L.
“La administración actual de la empresa maneja de manera inapropiada y violenta las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente; actualmente se producen grandes daños y se pone en riesgo la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo”, advirtió.
Indicó que ya el Ayuntamiento Santo Domingo Norte notificó la rescisión del contrato con la empresa y el pasado 15 de agosto el Ministerio de Medio Ambiente y este ayuntamiento solicitaron al Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo como medida cautelar la autorización a los fines de designar un administrador judicial de dicho vertedero.
“Urge también nombrar un administrador judicial que se ocupe de las operaciones en el vertedero de Duquesa y pueda buscar junto a las autoridades una solución definitiva. Estamos a la espera de la orden del juez”, aseguró.
Asimismo, el ministro Domínguez Brito precisó que “si bien es cierto que se necesita un precio justo, no menos cierto es que con la salud de la gente no se negocia”.
Lajún cobra 15 millones por diferentes vías
Además, el ministro Domínguez Brito reveló que actualmente dicha empresa cobra aproximadamente 15 millones de pesos mensuales por diferentes vías, sin ningún tipo de inversión para el Manejo de los Residuos Sólidos, lo que ha obligado a los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte al alquiler de equipos para paliar la situación.
