En virtud del cumplimiento de un año más de gobierno, cada 16 de agosto emerge la pregunta sobre el desempeño de la administración de gobierno y de las políticas públicas en ese periodo, esto es, grosso modo, de los doce meses comprendidos entre el segundo semestre del año anterior y el primer semestre del año en cuestión. Sin embargo, una reflexión como esa necesariamente tiene que contextualizarse en lo que ha sido el desempeño económico y social y de las políticas de un periodo más largo de tiempo, en este caso, a partir del inicio de la gestión de gobierno en 2012.
Política macroeconómica
En el ámbito macroeconómico, este último año de gobierno no ha arrojado novedades importantes. En general, las políticas fiscal y monetaria mantienen el mismo curso que en el pasado inmediatamente anterior.
La política macro-fiscal se puede juzgar por el comportamiento del déficit público. Según cifras del Banco Central, el año pasado el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) fue moderadamente superior al previsto: 94 mil millones de pesos o 2.8% del PIB, comparado con 2015 cuando alcanzó 72.6 mil millones o 2.4% del PIB. En la primera mitad de 2017, el déficit del gobierno central, el cual explica la mayor parte del déficit del SPNF lleva un ritmo de crecimiento menor al del año pasado pero lo más probable es que cierre en un nivel cercano al previsto en el presupuesto. Todo lo anterior implica que el ritmo de gasto y los flujos de ingresos no experimentaron variaciones significativas respecto al pasado reciente.
Ese ritmo de gasto contribuye a sostener la demanda agregada y el crecimiento, pero al mismo tiempo, en la medida en que una parte importante de éste se financia con deuda, podría terminar comprometiendo el crecimiento a largo plazo porque puede obligar a hacer recortes severos en un futuro no muy lejano.
La política monetaria, por su parte, sigue siendo restrictiva en general, cuestión que no ha cambiado de forma importante. Los cambios en la tasa de política monetaria han sido pequeños y el activismo del Banco Central colocando títulos (“certificados”) continuó siendo muy intenso. Esto ha contribuido a mantener una inflación muy baja y un tipo de cambio cuasi-rígido. El lado positivo de esto que la estabilidad le ha continuado dando mucho más previsibilidad a la inversión, pero el lado negativo es que la economía paga un costo elevado por ello en la forma de tasas de interés reales muy elevadas, lo que sacrifica la inversión, en especial la productiva con tasas de retorno positivas pero modestas, mientras la deuda del Banco Central continúa incrementándose, sin que haya visos de que vaya a declinar pronto.
Aunque no solo tienen que ver con las políticas, porque por ejemplo, los bajos precios del petróleo han ayudado mucho, los resultados macroeconómicos del último año han sido buenos. Pero lo que haya hecho la política macroeconómica para ello no va a salir gratis. Lo estamos pagando y lo seguiremos pagando con deuda del Gobierno Central y del Banco Central.
Política social
Esta es el área donde mayor optimismo puede haber. En educación, luego de haber avanzado, con mucho retraso, en el Plan de Edificaciones Escolares, empiezan a tomar cuerpo los esfuerzos por mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el incremento en la inversión en la formación docente. Obviamente, los resultados no se verán en el futuro inmediato pero deberá haber vigilancia, monitoreo y presión permanente para lograr avances y vencer resistencias.
Vinculado a la educación está la expansión del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Casi la mitad de la población escolar recibe almuerzo, y casi la totalidad recibe desayuno. Aunque su carácter es principalmente asistencial, y de alivio del presupuesto de los hogares pobres, debería tener algunos efectos positivos en el aprendizaje.
En salud, después de un precioso tiempo perdido durante los primeros años del gobierno de Medina, en los dos últimos se han acelerado algunos avances en materia de ejecución de la reforma del sector, en particular el lanzamiento del Servicio Nacional de Salud (SNS) para el fortalecimiento de la gestión de los centros de asistencia y de los servicios que ofrece. Además, desde hace ya varios años que la cobertura de la seguridad social a través de SENASA se ha venido incrementando de forma importante, al tiempo que se ha expandido la cobertura del sistema nacional de emergencias.
Sin embargo, esto no ha implicado todavía una mejoría en la calidad de los servicios que ofrece la red de establecimientos públicos de salud. De hecho, la excesiva prolongación de la remodelación de muchos centros hospitalarios ha empeorado la calidad de los servicios en meses recientes. En materia de salud, a pesar de algunos avances, el gobierno se sigue quemando porque los servicios siguen siendo de muy baja calidad. La alta mortalidad materna y el azote frecuente de epidemias como el dengue son una muestra de ello.
El Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), que junto al PAE es el principal programa de asistencia social en el país, cubre a más de 800 mil familias pobres. PROSOLI es un programa maduro, y como tal, sus innovaciones son limitadas. En los últimos años ha avanzado para apoyar la asistencia de adolescentes al nivel medio de educación, que es donde más se necesita. Está pendiente conocer los resultados de ese esfuerzo.
La creación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) fue una iniciativa oportuna e innovadora. Con sus centros de atención tiene el potencial de contribuir a mejorar el aprendizaje y rendimiento escolar, la nutrición y la salud de la población infantil. El INAIPI reclama que atiende a poco más de 100 mil niñas y niños a través de 380 centros de servicios. Sin embargo, en verdad, queda por verse si habrá una apuesta seria por la primera infancia, dotándole al INAIPI de recursos suficientes y expandiendo su cobertura.
Por último, en materia de vivienda, el gobierno también ha apostado por iniciativas innovadoras con la participación del sector privado para acrecentar la oferta para estratos socioeconómicos medio bajos. Pero a excepción del Proyecto La Nueva Barquita, ha abandonado la inversión en vivienda para la población pobre. De hecho, la inversión en vivienda ha llegado a mínimos históricos. Más que ningún otro, la población pobre es la que más necesitan de nuevas soluciones habitacionales, bajo nuevos esquemas quizás con participación comunitaria y privada, y de una mayor inversión pública.
Desarrollo productivo
En materia de políticas de desarrollo productivo, el gobierno continuó profundizando su apuesta por apoyar las pequeñas y medianas empresas, y la pequeña agricultura asociativa. Se percibe una aproximación más integral al desarrollo de estos sectores, no sólo centrados en el crédito. Adicionalmente, se acaba de lanzar el BANDEX que facilitará las operaciones comerciales de exportación, una demanda muy sentida del sector y que puede hacer una diferencia importante.
Pero desde hace tiempo que el país necesita dar un salto mucho más significativo, dotándose de un nuevo esquema de incentivos y apoyo a la transformación productiva y tecnológica. El actual sigue muy centrado en exenciones que no promueven el cambio tecnológico, el empleo de calidad o la actividad productiva y el empleo en zonas particularmente deprimidas. De eso depende que en verdad las exportaciones puedan crecer a largo plazo, que los sectores productivos puedan competir con las importaciones, que se reduzca el desempleo y que suban los ingresos laborales. Además, la agropecuaria necesita mucho más que Visitas Sorpresa. Demanda un compromiso institucional y de largo aliento del Estado.
Las reformas pendientes
El gran déficit en materia de políticas en este año ha sido el mismo que el de años anteriores: la ausencia de reformas de calado. Por un lado está la fiscal, para habilitar al Estado para que ofrezca servicios públicos indispensables adecuadamente financiados. Cerca de ella está la reforma de la ley de capitalización del Banco Central, que establezca un programa creíble y viable de transferencias públicas que reduzcan la deuda de esa institución. Por otro lado está la reforma a la política para el desarrollo productivo y el empleo, discutida arriba.
Además, está la reforma del sector energía. Las autoridades alegan que se ha avanzado en el llamado Pacto Eléctrico y habrá que esperar por el texto final. No obstante, hay razones para el escepticismo respecto a la seriedad del compromiso de reducir las pérdidas del sector, que es el corazón del problema.
Por último está la reforma política e institucional que contribuya a desconcentrar el poder, a hacer de la política lo que debe ser que es la lucha entre propuestas sobre lo público en vez de la lucha por el poder y el enriquecimiento, a hacer más transparente la gestión pública, y a reducir las prácticas clientelares, la corrupción y la impunidad.
La agenda es grande y compleja, y ha faltado compromiso, determinación, coraje y capacidad para articular voluntades. Ha habido cambios, pero son tan graduales y limitados que a este ritmo nos tomará un milenio llegar al Siglo XXI. Hay que dar el salto.
