La percepción de inseguridad ciudadana se mantiene entre los dominicanos, según encuesta Enhogar
La tasa de homicidios en el país registra una tendencia a la baja desde el año 2012, para concluir el año 2016 con una tasa igual a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Así lo indican los últimos datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía publicados en el “Informe de Seguridad Ciudadana en la República Dominicana: percepción y realidad desde un enfoque de derechos”, que elabora el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República.
Según el documento, la tasa de homicidios se ha reducido de manera sostenida, pasando de 22.4% por cada 100 mil habitantes a 20.2% en 2013; a 18.3% en 2014; a 16.8% en 2015 y a 16% en 2016.
No obstante, el informe establece que la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema para los dominicanos sin importar la clase social, de acuerdo con la Encuesta Enhogar 2015.
La investigación deduce que ha habido una reducción de la violencia partiendo de la baja en la tasa de homicidios, que resulta ser menor al promedio de la región y de las subregiones de América Central, el Caribe y Sudamérica.
No obstante, indica que en la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana inciden dos factores fundamentales, como son los demás actos de criminalidad que han afectado al 62.4% de las personas encuestadas que refieren haber sido víctimas de agresiones o amenazas, así como la falta de confianza de la población en las instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana.
En ese sentido, indica que más del 50% de la población posee una confianza nula en las instituciones como las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, mientras que, en la Policía Nacional, la confianza decae de manera alarmante a un 72.8%.
Acciones no generan confianza
El estudio señala que a partir del 2012 se han llevado a cabo un conjunto de acciones destinadas a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, entre las que destacan el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013 a la fecha); la Reforma institucional de la Policía Nacional (en aplicación); la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911 (2014), la creación de la Mesa Nacional sobre Seguridad Ciudadana y Género (2013); el Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional (2016-2020) , entre otras acciones en menor escala.
“Es indudable que estas acciones han tenido sus efectos positivos, marginales o no, sobre la realidad de la violencia en el país, tomando como referencia el descenso registrado en la tasa de homicidios en los últimos años. No obstante y no menos cierto o importante, es que no se han obtenido los resultados esperados en relación a cómo las personas perciben los niveles de inseguridad en el país y cómo el miedo aun permea en la dinámica social y económica de los ciudadanos”.
Sostiene que los planes expuestos tienen como denominador común la fuerza policial como principal instrumento de control, lo cual no es suficiente, mucho menos cuando existe un grado de confianza tan bajo en esa institución.
Resalta que la inseguridad ciudadana es un hecho, desde la percepción hasta la realidad y con importantes efectos socioeconómicos que afectan los hábitos de las personas, generando una sociedad más cohibida y privada del derecho fundamental a la integridad física.
De hecho, el 41.4% de las personas encuestadas en la Enhogar 2015 aseguraron que han limitado algunas actividades por temor a ser víctimas de la delincuencia. “Y es que la sensación de miedo es igual de peligrosa que la realidad misma del fenómeno en cuestión, puesto que genera las mismas limitaciones, independientemente de haber sido víctima o no de la violencia”.
¿Qué hacer?
Para el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo hay factores que se consideran claves para atacar efectivamente el problema, comenzando con abordar la percepción con el mismo criterio de importancia que la realidad misma del fenómeno en cuestión.
Asimismo, plantea que el enfoque debe ser integral, con responsabilidades compartidas y acciones diferenciadas, donde la política social juegue su rol para la inclusión socioeconómica de los actores de crímenes. Igualmente, señalan que todo plan debe estar basado en el enfoque de derecho, puesto que el deber de salvaguardar la seguridad ciudadana no puede estar sujeto al logro de ciertas metas u objetivos particulares, ya que el derecho a la integridad física de los ciudadanos debe ser siempre, el fin último de cualquier política de seguridad ciudadana en el país.
Percepción
Aunque la tasa de homicidio se ha reducido significativamente, la población siente un alto nivel de inseguridad.
Desconfianza
Según la encuesta Enhogar 2015, el índice de desconfianza de los ciudadanos en la Policía Nacional es de un 72.8 por ciento.
