El regreso de López a su casa coincidió con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por parte de la Asamblea Constituyente – bajo control del oficialismo
CARACAS — El líder opositor Leopoldo López fue regresado a su casa para que cumpla su prisión domiciliaria tras pasar cuatro días en una cárcel militar en las afueras de la capital, anunció la noche del sábado su esposa Lilian Tintori.
El regreso de López a su casa coincide con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por parte de la Asamblea Constituyente – bajo control del oficialismo -, con lo que se demostró que se irá tras los opositores, tal como advirtió el presidente Nicolás Maduro.
“Acaban de trasladar a Leopoldo a la casa”, dijo Tintori en su cuenta de Twitter al anunciar que López fue regresado a su residencia de donde fue sacado por la policía política el pasado martes por decisión de un tribunal.
Tras el anuncio, el canal de noticias Globovisión difundió algunas imágenes de la llegada del dirigente opositor, de 46 años, a su vivienda ubicada en una exclusiva urbanización del este de la capital. López llegó bajo el resguardo de varios funcionarios y patrullas policiales.
A principios de julio López fue liberado de la cárcel militar de Ramo Verde, donde cumplía una condena de casi 14 años, y trasladado a su casa por decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó la medida humanitaria debido a su “situación de salud” y en virtud de que “existían serios señalamientos de irregularidades” en la distribución de su expediente.
Tres semanas después de que iniciara su prisión domiciliaria, el ex alcalde del municipio capitalino de Chacao, fue devuelto nuevamente el primero de agosto a Ramo Verde por decisión de un tribunal, que alegó que el opositor no cumplió una condición que le prohibía hacer proselitismo político.
Un tribunal aplicó una medida similar al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien también fue retirado de su vivienda el pasado martes, donde cumplía prisión domiciliaria desde 2015, y trasladado a la prisión de Ramo Verde. Ledezma regresó a su casa tres días después.
En menos de 24 horas, la Asamblea Constituyente dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados. A primera hora de la mañana, agentes de seguridad le prohibieron el acceso al Ministerio Público a Ortega Díaz, quien fue removida poco después al grito de “¡traidora!” y “¡la justicia llegó!”.
Ortega rechazó la decisión en un comunicado.
“En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la constitución”, indicó.
Diosdado Cabello, líder del oficialismo y uno de los 545 delegados de la Constituyente, justificó la destitución de Ortega Díaz, a quien se le prohibió salir del país y se le embargaron sus bienes.
“Ortega se había convertido en centro de la injusticia”, dijo Cabello, quien advirtió que está muy cerca su promesa de eliminar la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
“Hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria… para encender un país”, agregó sobre los congresistas que impulsan las marchas contra el gobierno. Los legisladores advirtieron que únicamente abandonarán sus escaños por la fuerza.
Varios mandatarios de la región condenaron la destitución de la fiscal. Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, quien reemplazada de manera provisional por Tarek William Saab, aliado de Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad, en su papel de Defensor del Pueblo.
Durante su juramento ante la Constituyente, Saab aseguró que quien siga perpetrando actos de violencia en las calles “sabe que sobre él caerá todo el peso de la ley”.
La oposición acusó al gobierno de violar la división de poderes e instó a sus defensores a mantenerse firmes en las calles.
“Ahora es que nosotros somos fuertes y tenemos la moral en alto para seguir luchando por la libertad de Venezuela”, dijo a la prensa el presidente del Congreso, Julio Borges, quien insistió que ése es el único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.
Borges agregó que los parlamentarios acudirán a la cámara el lunes, a escasos metros del recinto donde se instaló la Constituyente.
En tanto, el Mercosur suspendió a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, una decisión rechazada por el gobierno venezolano, que la consideró una “arbitrariedad”.
“Venezuela alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional”, declaró el canciller Jorge Arreaza.
Delcy Rodríguez, excanciller y actual presidenta de la Constituyente, tildó la resolución de “linchamiento político a Venezuela”.
Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido desde julio algunas de las potestades de la Fiscalía. La destitución de Ortega en la Constituyente también se inspiró en una sentencia de esa corte.
Ortega Díaz, simpatizante histórica del expresidente Hugo Chávez pero divorciada del oficialismo hace unos meses, investigaba a varios miembros de la fuerza pública por disparar contra manifestantes en las protestas que han dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
Previamente, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.
El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz “quedaría sometida a la jurisdicción penal”.
Pese a las críticas de la comunidad internacional a la Constituyente, que según Estados Unidos consagra la “dictadura de Maduro”, Washington descartó una intervención militar en el país sudamericano, dijo el sábado el principal asesor de seguridad del presidente Donald Trump.
La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, se fijó un plazo de hasta dos años y el domingo tiene previsto instalar una comisión para esclarecer los actos de violencia de los últimos meses.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, al afirmar que corre peligro.
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente bajo el argumento de que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y varios países de la región, desconocen a la Asamblea.
