En economía somos muy dados a deducir y, en ocasiones, hasta otorgar calificativos a determinadas variables macroeconómicas. La inversión extranjera directa (IED), por ejemplo, tendemos a enrolarla, sin ningún tipo de reservas, en el ejército de las buenas. La deuda pública, sin lugar a discusión, la llevamos ipso facto y, sin lugar a discusión, a la casilla de las malas.
La realidad es, como popularizó Friedman, que “en la economía no hay tal cosa como un almuerzo gratis”. Cualquier beneficio que pensemos que estemos recibiendo como consecuencia de alguna decisión de otro agente económico, más temprano que tarde acarreará una factura detallando el costo de lo que tenemos que pagar.
Si se realiza una encuesta entre economistas y se pregunta qué preferiría entre una IED y un endeudamiento público para construir una autopista o una planta termoeléctrica, la mayoría respondería rápidamente que la primera. Muy pocos acertarían a responder lo correcto: la pregunta no provee toda la información necesaria para poder elegir la mejor opción.
La IED genera beneficios y acarrea costos. Inicialmente, en la medida en que ingresan los flujos de capital para la ejecución de los proyectos de inversión, la economía se beneficia del mayor ritmo de actividad económica que este gasto de inversión genera. En el período 2010-2016, por ejemplo, ingresaron al país US$16,253 millones por concepto de influjo de IED en diferentes sectores de nuestra economía. Una vez el proyecto es concluido, los inversionistas extranjeros dan inicio a un proceso gradual de extracción de rentas de la inversión con el objetivo de pagar los intereses y el capital de la deuda en que hayan incurrido para realizar la inversión y finalmente, recuperar la inversión mas el retorno esperado sobre el capital total invertido.
Los inversionistas extranjeros muchas veces se endeudan para realizar sus inversiones. Pero adicionalmente, ponen capital propio pues los bancos generalmente no financian el 100% de los proyectos. Muchas veces estos últimos exigen al inversionista que aporte entre un 20% y un 30%, de manera que la razón deuda/capital se mueva en un rango de 4 (80/20) a 2.33 (70/30).
Cuando los inversionistas extranjeros evalúan la conveniencia de realizar una inversión en una economía emergente como la nuestra, previamente estiman la tasa de descuento que utilizarán para ajustar la corriente futura de los flujos libres de efectivo, y de esa manera tener un estimado del valor del proyecto de inversión. Esa tasa de descuento, mejor conocida como el WACC (“Weighted Average Cost of Capital”), pondera los costos de los recursos que serán invertidos, tanto el costo de los recursos propios como los de préstamos. Para estimar el costo de los recursos propios generalmente se utiliza el CAPM (“Capital Asset Pricing Model”), que utiliza variables como la tasa libre de riesgo en dólares, la prima del mercado de acciones, el coeficiente beta apropiado, el riesgo país, y en algunos casos, una prima de iliquidez. Es común ver WACCs entre 12% y 15% en las evaluaciones financieras de proyectos de inversión extranjera directa en República Dominicana. Está claro que si el inversionista parte de que su costo de inversión es de 12% o 15%, va a aspirar a una tasa de retorno superior a esos niveles. Esa tasa de retorno es sensible, en el caso de autopistas, plantas termoeléctricas y empresas de telecomunicaciones, a las tarifas consolidadas de peaje (cobrada en estaciones + sombra), al precio monómico de la electricidad generada que se establezca en el Acuerdo de Compra de Energía (PPA) y a las tarifas de los diversos servicios de telecomunicaciones, respectivamente.
Si el inversionista es nacional no hay mucha diferencia, con la salvedad de que probablemente, el costo de los recursos derivados del financiamiento externo serán mayores que los que enfrenta el extranjero y sin lugar a dudas, mayor que el del Estado dominicano en sus colocaciones de bonos globales.
Lo anterior explica el porqué en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, aparece la línea Renta de la Inversión Extranjera Directa con un resultado negativo. Esa cuenta recoge fundamentalmente los dividendos remesados al exterior por los inversionistas extranjeros radicados en el país (hoteles, zonas francas, empresas de telecomunicaciones, comercio, industria, generadores de electricidad, concesionarios de carreteras, entre otros). También incluye los intereses pagados sobre los financiamientos tomados en el exterior. En el periodo 2010-2016, esas rentas de la IED ascendieron a US$15,633 millones. Como se puede observar, los dividendos e intereses pagados al exterior por los inversionistas extranjeros directos prácticamente consumieron el 96% de todo el influjo de IED del período 2010-2016.
Es importante señalar, que el análisis anterior no incluye el efecto positivo que tiene la IED en la balanza de pagos cuando la actividad receptora es la exportación de bienes y servicios. No es lo mismo una inversión extranjera directa para atender el mercado interno que una que se dedique exclusivamente a la exportación de bienes y servicios. La bondad neta de la IED será mayor o menor dependiendo del sector al cual se destine; si esta se dirige a las exportaciones de bienes y servicios, sin requerir de exenciones o tratamientos impositivos privilegiados, los beneficios netos serán mayores.
En el caso de la mala, la deuda pública, es necesario hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, especificar con qué la estamos comparando. Si es una IED realizada por una firma de calibre y reputación global que no incurra en la práctica común de precios de transferencia, es decir, inflando artificialmente los costos financieros al endeudarse con una empresa relacionada como una forma de erosionar la base impositiva y trasladar beneficios extras al exterior, es posible que la tasa de interés que esta obtenga para invertir en nuestro país sea más baja que la que tendría que pagar el Estado dominicano en sus colocaciones globales. El año pasado, por ejemplo, el costo financiero de la deuda del sector público no financiero fue de 5.4%. Si es un inversionista nacional que se endeuda fuera, este enfrentaría una tasa mayor, en detrimento de la balanza de pagos del país.
En segundo lugar, es previsible que el Estado dominicano, a diferencia del inversionista nacional o extranjero, persiga un nivel de rentabilidad o retorno menor. En este caso, el efecto sobre la economía, la balanza de pagos y el bienestar general sería mayor.
Debemos alertar, sin embargo, que muchas veces los gobiernos, atrapados por el populismo macroeconómico, incurren en la práctica de fijar precios y tarifas mentirosas que no permiten recuperar la inversión y obtener una rentabilidad razonable que pudiese nutrir un Fondo de Inversión del Estado, e incluso en la práctica aberrante de fijar precios y tarifas mentirosas que no permiten ni cubrir el mantenimiento de las obras realizadas.
De nuevo, todo dependerá de si hay o no hay visión de sentido común y racionalidad en el Estado. En Singapur, por ejemplo, no existen los precios mentirosos en la provisión de bienes y servicios públicos. En el diminuto país asiático, el Estado es dueño o accionista mayoritario de una serie de empresas, bajo la sombrilla de Temasek, la compañía de inversiones del Gobierno. Al fijarse precios y tarifas como lo hacen las privadas, las empresas estatales de Singapur registraron en el período 2007-2016 beneficios acumulados antes de impuesto de US$119,933 millones, arrojando un promedio anual de US$12,000 millones. Si a la CDEEE en los tiempos de Balaguer se le hubiese permitido fijar tarifas similares a las que se adoptaron luego de la capitalización, es posible que esa empresa estatal hubiese registrado beneficios. El populismo, sin embargo, la descapitalizó.
¿Y cuál es la fea? La afirmación que hemos hecho: que no es posible responder la pregunta de cuál escogeríamos entre la mala y la buena.
