Senado aprueba ley de lavado de activos

El Senado de la República aprobó en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

El Senado de la República aprobó en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.La pieza, que ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación, busca sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

El pleno aprobó modificaciones a los artículos 2; 33; 36; 38; 67; 100 y 101 del proyecto, sometidas por el senador Charlie Mariotti Tapia.

El proyecto de ley, sometido por el Poder Ejecutivo, busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.

La iniciativa aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y además castiga el financiamiento del terrorismo.

Asimismo prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a RD$1.0 millón, RD$500,000 y RD$450,000, respectivamente.

También prevé que la persona que convierta, transfiera o trasporte bienes para disimular la naturaleza de su procedencia podría ser sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor y una multa de 200 a 400 salarios mínimos. En la legislación actual, la ley 72-02, el castigo es entre cinco y 20 años de prisión y una multa de 50 y 200 salarios mínimos.

Contempla la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas.

Además indica que cuando una persona sea condenada por violación a la ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

Financiamiento del terrorismo se castigará

El proyecto de ley castiga el financiamiento del terrorismo con una pena de 20 a 40 años de prisión. Las infracciones por el financiamiento de éste constituirán un delito penal aun cuando los actos no hayan sido realizados. El proyecto acoge como uno de los principales problemas y desafíos del siglo el terrorismo por lo que los Estados han focalizado los esfuerzos en la detección.

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