Partidos y reforma electoral

Nueva vez la Junta Central Electoral (JCE) tomó la iniciativa de introducir en el Congreso sendos proyectos para reformar la ley 275-97 y para la creación de un régimen para los partidos políticos.Ha sido una demanda de la sociedad,…

Nueva vez la Junta Central Electoral (JCE) tomó la iniciativa de introducir en el Congreso sendos proyectos para reformar la ley 275-97 y para la creación de un régimen para los partidos políticos.

Ha sido una demanda de la sociedad, y en algún momento de algunos estamentos de los partidos.

La reforma de la ley 275-97 es clave para que la JCE pueda cumplir a cabalidad sus funciones más allá de garante de la vida civil de los ciudadanos y de administrar procesos electorales. Necesita una capacidad mínima para imponer reglas de juego durante la campaña, en un amplio espectro.

Las elecciones, formalmente celebradas en un ambiente de libertad para votar, no resisten el peso de la discrecionalidad que la detentación del poder otorga, sin que la administradora del proceso pueda hacer mucho para establecer equilibrio, si fuere necesario, mediante vías de hecho.

Si los partidos y sus dirigentes asumieran el ejercicio político con un mínimo de integridad fuesen los primeros en contribuir a crear esas condiciones como garantía de diafanidad y legitimidad de los procesos de elección.

Pero las conveniencias coyunturales impiden que se proceda de esa manera. Lo inexplicable es que quienes tienen el rol de opositores no entiendan a cabalidad la importancia de resolver esta cuestión y no contribuyan decididamente para que haya una nueva ley electoral y una ley de partidos.

Las mismas organizaciones necesitan una ley que las regule. Que disponga sobre el desempeño interno, más allá de lo que puedan establecer los estatutos. Una ley general de partidos que garantice los derechos ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Una ley de partidos que ayude a preservarlos, que supere los enfrentamientos y las fuentes de divisiones por abuso de poder dominante en la gestión interna. Todo redundaría en beneficio de la sociedad democrática.

Es precisamente en los partidos donde debe empezar el fortalecimiento de la democracia. La honestidad en la administración partidaria podría ser escuela de integridad para quienes aspiran a constituir los diferentes estamentos de poder público.
Ésta podría ser la última oportunidad.

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