En la actualidad, la preocupación económica más grave que se cierne sobre la región de América Latina es que la profunda caída en el ritmo de crecimiento económico y la recesión se traduzcan en graves retrocesos sociales. A lo largo de la década pasada y de los primeros años de esta, la región, en especial América del Sur, vivió un momento económico brillante que contribuyó decididamente a reducir en más de 75 millones el número de personas viviendo en la pobreza.
En términos del ingreso, la proporción de población en pobreza monetaria cayó desde 42% en 2002 hasta 24% en 2013, y la población en clase media se incrementó desde 21% hasta poco menos de 35%. Sin embargo, la población vulnerable, es decir, aquella que aunque no se puede considerar pobre es proclive a caer en situación de pobreza, subió de 35% hasta 38.4%.
Más allá del ingreso, otro resultado ha sido una mejora significativa en la mayoría de indicadores sociales. Se redujo notablemente el desempleo entre jóvenes y la desnutrición infantil, se incrementó la esperanza de vida, aumentó la matriculación en secundaria, creció la participación laboral de las mujeres, aumentó la proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de agua, y se expandió la electrificación rural. Sin embargo, se reconoce que muchos otros indicadores presentaron mejorías mucho más modestas y algunos incluso retrocesos. Por ejemplo, la desigualdad en la distribución del ingreso se redujo pero no mucho, y persistieron las altas tasas de homicidios y de embarazos en adolescentes. La escolaridad media no se incrementó lo suficiente, la deserción escolar también ha resistido y la proporción de NINIs es muy alta.
Desafortunadamente, el colapso de la demanda y los precios de muchos de los commodities que todavía dominan la canasta de exportación de la región ha arrastrado al conjunto de la región hacia la recesión. Esto está debilitando severamente los mercados de trabajo y las finanzas públicas, que fueron los dos mecanismos centrales de transmisión del boom externo en bonanza doméstica.
Las preguntas a responder son cuánto retroceso social se podría experimentar, cuáles serían los factores determinantes (¿Reducción del empleo? ¿Contracción de las transferencias a hogares pobres? ¿Reducción de la calidad y cobertura de los servicios sociales básicos?), y qué se puede hacer para reducir los efectos de la recaída.
El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Progreso multidimensional: más allá del ingreso” hace un enjundioso análisis de las distintas dimensiones en que la región ha registrado progresos. Y lo hace no sólo trascendiendo la dimensión de los ingresos sino también la de los indicadores sociales tradicionales para medir bienestar con los de acceso a servicios básicos, sino que aborda nuevos temas, cruciales para el bienestar, como la calidad del trabajo, la protección social, la seguridad pública, las relaciones de género y el estigma y la discriminación. Es decir, procura adentrarse en la calidad de las instituciones y de las normas que contribuyen a la equidad y al ejercicio de los derechos.
Además, propone un enfoque de políticas novedoso con un doble objetivo: no perder los logros alcanzados y reforzar la tendencia hacia una mayor inclusión. Eso implica tres cosas. Primero, volver a crecer. Segundo, fortalecer la protección social. Y tercero, atacar la exclusión dura, esto es, la que afecta a poblaciones específicas como la indígena, la afrodescendiente y aquella con opciones sexuales diversas.
Para no retroceder en los logros alcanzados, propone políticas de inclusión productiva con énfasis en fortalecer la demanda de trabajo a través de mejorar el acceso al crédito de las empresas (algo que en el país ha avanzado en los últimos años) y reducir los costos laborales redundantes (aquellos que no resultan en protección laboral), promover la formación para el trabajo, y políticas que induzcan a aumentos de los salarios mínimos y fortalecer los seguros de desempleo.
En la República Dominicana, avanzar en este tipo de agenda supone que el estado abandone su indiferencia frente a los salarios mínimos, y mueva cada vez más su oferta de programas de formación técnica para satisfacer la demanda, pero que además que creen capacidades laborales en materia industrial y de servicios para que la falta de personal calificado no sea una restricción al crecimiento de actividades productivas dinámicas.
También sugiere transcender los enfoques de focalización y moverse hacia el objetivo de universalizar los sistemas de protección. La novedad es que propone que se diseñen los sistemas pensando en el ciclo de vida de las personas: la niñez y la adolescencia, la vida productiva, y la vejez. Proteger la niñez en el país supondría reorganizar el sector para que la institución rectora de la protección infantil, CONANI, funcione como tal, antes que como proveedora de servicios. También implica hacer que el sistema de justicia trate adecuadamente los casos de adolescentes en conflicto con la ley y apretar el acelerador para ampliar sustancialmente los servicios de estancias infantiles para el cuidado integral lo cual necesita de mucho dinero público, para sólo mencionar algunos.
Proteger a la población trabajadora requiere que el Estado tome partido en el conflicto en materia de seguridad social en salud y que la defienda de los sectores que se están llevando la mayor parte de los beneficios del sistema. También ampliar mucho más la cobertura del régimen subsidiado en salud, y mejorar dramáticamente la calidad de la atención en los centros de salud públicos y privados. Por último, proteger la población adulta mayor necesita, entre otras cosas, que se reconozcan pensiones dignas, solidarias y no solidarias. En la medida en que los salarios suban facilitado por un aumento de la productividad, las contribuciones serían mayores para financiar adecuadamente la salud y las pensiones. Todo esto supone vencer las resistencias a pagar mejores salarios y a gastar mejor lo que se recauda en impuestos en la actualidad, enfrentando el clientelismo y el uso discrecional e ilegítimo del presupuesto, y recaudar más, especialmente gravando a los más ricos.
El informe propone además políticas para la educación inicial y el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, y la articulación de la educación media con las demandas laborales, promoviendo las competencias productivas. Por último, sugiere articular sistemas nacionales de cuidados que provean marcos adecuados para que el Estado, las organizaciones civiles y el sector privado puedan atender a la población que necesita de éstos (niñas y niños, población enferma, envejecientes). Para lograr esto hay que reconocer la sobrecarga de trabajo de las mujeres y hacer que toda la sociedad, y no sólo ellas, asuman la responsabilidad. Otra vez, las instancias infantiles harían un aporte crítico a esto.
Por último, reconoce que todo lo anterior requiere transcender las estructuras, prácticas y funcionamientos actuales del Estado, y lograr una nueva arquitectura institucional que permita mucho mayores niveles de coordinación interinstitucional, articulación territorial, atención a las personas de acuerdo al ciclo de vida y una mayor participación de la ciudadanía organizada para fortalecer la universidad en los servicios.
En el país esto implica romper con las dinámicas de aislamiento y lógica sectorial que predominan en las instituciones públicas, para pasar a otra de objetivos compartidos y trabajo coordinado, y con una mirada en cada territorio y comunidad, en vez de sólo en el panorama nacional, y en cada grupo de personas atendiendo a su edad y sus necesidades específicas de protección. También implica pensar en la sociedad no sólo como beneficiaria sino como aliada en la provisión de servicios sociales de calidad.
Eché de menos una mirada más profunda al tema de la productividad, el escalamiento tecnológico, la competitividad internacional, el crecimiento de las exportaciones y el cambio de su estructura. Eso es lo que le puede, a la larga, dar sustento material al progreso multidimensional. A pesar de eso, es un excelente informe, que reta y nos pone a pensar de forma más innovadora e integral sobre lo que se necesita para alcanzar una sociedad de más bienestar.
