El discurso de toma de posesión del presidente Medina fue uno que marca un camino de continuidades más que de innovaciones en las políticas públicas. Los más entusiastas de su administración seguramente tendrán una percepción muy positiva de esto bajo el argumento de la persistencia en los esfuerzos iniciados hace cuatro años en un conjunto de áreas críticas. Quienes somos más críticos vemos también serias falencias y vacíos que no pueden ser pasados por alto.
Sin dudas que los elementos más innovadores fueron el del transporte urbano y la cuestión del agua. También mostró interés (¡finalmente!) en empujar seriamente por la transformación del sector salud. Esta es quizás el área de mayor déficit de su pasada gestión en materia de política social.
En el caso del transporte, apuntó a la unificación de las agencias públicas con competencias en el tema para reducir la dispersión, el estímulo a la conformación y participación de nuevas empresas lo que claramente busca contrarrestar el peso que tienen los gremios en la actualidad, y lograr un mayor control y regulación pública de los precios a través de creación de un sistema unificado de pagos. Hay que darle la bienvenida a la propuesta y los tres temas son críticos. Sin embargo, genera dudas la viabilidad de un esfuerzo como ese sin que se acompañe de una muy fuerte inversión de capital político y financiero que rompa con el arreglo vigente.
En el caso del agua, planteó la necesidad de una reforma institucional, un incremento en la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, una mayor eficiencia en la gestión, y enfrentar el tema de la reforestación y el cuidado de las cuencas. Hay que estar complacidos de que, en su acercamiento, hay un tratamiento integral del tema. No obstante, sin cuantiosas inversiones y una profunda transformación en la gestión de los entes proveedores, las corporaciones y el INAPA, incluyendo la prevención de la corrupción y el clientelismo en los contratos de construcción y contratación de personal, esto no será posible. También debió hacer mención y comprometerse con la llamada “Ley de Aguas” que por años se discute en el Congreso, sin resultados.
En salud, lo nuevo es la intención expresa, porque el camino está marcado desde hace años por la ley general del sector, la de seguridad social, y los planes sectoriales. Por fortuna, en meses recientes se han dado algunos pasos concretos como la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que tiene como función lograr desconcentrar la gestión de los establecimientos de la red pública de establecimientos y fortalecer los servicios regionales, y el traspaso de los centros del IDSS a esa red. Pero, exagerando un poco, lo que queda por hacer es casi todo, e igual que en otras áreas, habrá que invertir mucho, especialmente mejorando la atención a las personas, la dotación de insumos, ampliando la cobertura de aseguramiento, y fortaleciendo las acciones de prevención. No está claro que el Gobierno esté realmente dispuesto a hacer lo necesario, tanto en términos financieros como políticos, para lograrlo. Convenir con los gremios e incorporarles al proceso son, ciertamente, pasos críticos.
Sin embargo, en el resto de las áreas discutidas por el Presidente, que es la mayoría, el entusiasmo, como los aplausos durante el discurso, se debilita.
En materia de pobreza, el Presidente recurrió a las cifras oficiales de su reducción, las cuales no han sido suficientemente discutidas y escrutadas, y se propuso continuar reduciéndola a ese ritmo. Lo más rescatable es el énfasis que puso en la pobreza extrema, la cual debe ser la prioridad.
Lo criticable es el peso que le puso al instrumento para lograrlo: las transferencias monetarias. Como tantas veces se ha dicho, la pobreza es multidimensional, por lo que atacarla principalmente por el lado del ingreso no sólo descuida otros aspectos como la calidad de la vivienda de los hogares pobres, el acceso al agua y a servicios sanitarios de calidad, a energía eléctrica y vivir en un hábitat saludable, sino que contribuye poco a fortalecer las capacidades de las personas para que ellas, a partir de las habilidades aprendidas y su propia creatividad, sean capaces de generar ingresos propios. Además, contribuye a fomentar las relaciones clientelares entre la ciudadanía y el Estado. Las transferencias deben tener un rol accesorio antes que principal en combatir la pobreza.
En este tema, el reto debe ser articular programas con base territorial que enfrenten los factores causantes de pobreza como el estado y cobertura de los acueductos y disposición de desechos, la calidad de la educación, la falta de red eléctrica, el estado de la infraestructura vial, el mal estado de las viviendas, y la ausencia de oportunidades laborales. Varias de las iniciativas del Gobierno a nivel nacional, que el propio Presidente mencionó en el discurso, deberían enfocarse y concretarse en comunidades específicas en extrema pobreza.
Sobre el tema del empleo, continúa cometiendo el mismo error, que podrá tener resultados propagandísticos, pero no reales: promete crear otra vez 400 mil empleos, que es la cifra mínimamente necesaria para que la tasa de desempleo no suba, pero insuficiente para reducirla. En otras palabras, promete que mantener las cosas igual. Y no abordó el tema de mejorar la calidad de los empleos. Eso hubiese requerido tratar el tema de la renovación de las políticas de desarrollo productivo para lo cual todavía no hay propuestas.
En vivienda, es positivo que se esté abandonando el viejo e inútil esquema limitado a la construcción de viviendas públicas, y que se busque alianzas con el sector privado. Hay que reconocer, sin embargo, que esto no enfrenta directamente los problemas de vivienda de la población pobre. Pero además, ya eso estaba caminando. Innovar hubiese sido, por ejemplo, proponer esquemas concretos de mejoramiento de viviendas en zonas económicamente deprimidas con participación comunitaria y de los beneficiarios. Los impactos de este tipo de programas en la población pobre serían mucho mayores.
En educación, reconoció lo obvio: que una vez pasada la fase de construcción de aulas, el reto más grande es invertir en maestros y maestras para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Esto era lo esperable, por lo que no es innovador, pero es lo que toca hacer. Pero si construir aulas ha sido difícil, transformar la plana docente lo es mucho más.
Prometió también continuar con los esfuerzos en el agro y las PyMEs, pero no habló de iniciativas realmente nuevas. Por ejemplo, hubiese sido bueno escuchar la intención de institucionalizar las llamadas “visitas sorpresa”, como he escrito antes, armando un gran programa de transformación de la pequeña agricultura. También hubiese sido interesante escuchar planteamientos sobre cómo transcender el enfoque general de promoción de las PyMEs para contribuir a transformar específicamente las PyMEs industriales y de servicios. Eso sí iría perfilando una nueva política de fomento industrial y productivo.
Por último, llamó la atención la vaguedad con la que trató la cuestión fiscal. Cumplir adecuadamente con lo que prometió no sólo requiere determinación sino también muchos recursos, como él mismo lo reconoció. Habló de mejorar la eficiencia recaudatoria, una cuestión crítica que robustecería el sistema tributario sin incursionar en transformaciones mayores, pero lo que se logre con esto será, sin dudas, insuficiente. Además, poco dijo sobre su visión de la fiscalidad e ignoró por completo el tema de la sostenibilidad fiscal y de la deuda pública. Tampoco dijo cosas concretas respecto al Pacto Fiscal. Lo único concreto que se deduce es que no habrá cambios fiscales significativos en plazos breves, y eso empieza a comprometer desde ya muchos de los objetivos que el mismo Presidente se está proponiendo.
No es la intención de este comentario promover un diálogo atropellado, mucho menos un “paquetazo” sino más bien indicar que, ante el silencio conveniente del Presidente en este tema, desde las gradas ciudadanas debemos exigir claridad.
