El sector privado quiere llevar el tema fiscal más allá de la discusión de una reforma tributaria, y el Gobierno parece inclinado por agregarle el elemento del llamado gasto tributario. Cada tribuna está adelantando su posición y sus argumentos.Responsabilidad fiscal y transparencia, por el lado del sector privado, y fiscalización de las exenciones fiscales, por el lado público, son las posiciones aparentes que llevarán cada sector al debate.
En el sector privado, sin embargo, no se nota tanta prioridad como en el Gobierno por discutir el pacto fiscal. Más importante, según ha planteado la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), es concluir la discusión del pacto eléctrico, otro de los tres mandatos estructurales planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Debate a fondo
Del tema fiscal, el fondo es lo que más preocupa al sector privado, según las exposiciones de los diferentes sectores que componen la actividad empresarial. Hay, sin embargo, un punto común y es que la discusión debe abarcar las dos fases de las finanzas públicas: ingresos y gastos.
En esa visión, el sector privado no solo quiere discutir la calidad del gasto público, sino también establecerle topes.
En ese aspecto el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles (CRESS), una entidad del sector privado dedicada al estudio de temas económicos, ha estado insistiendo en el tema de la responsabilidad fiscal y la transparencia, alegando que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como un complemento al pacto fiscal.
El Gobierno, a través del presidente Danilo Medina, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y del vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, entre otros funcionarios, ha planteado que no busca crear nuevos impuestos. Pero el tema de las exenciones fiscales sí lo ha referido el Gobierno bajo el argumento de que hay que revisar los diferentes conceptos en que se otorgan.
Visión estructural
El tema ha sido incluso reiterativo en los dos últimos presupuestos que se han aprobado, en los cuales se cuantifica el llamado gasto tributario (que es el dinero que el fisco calcula que deja de percibir por la aplicación de las diferentes exenciones y exoneraciones que se conceden). La última cuantificación, correspondiente al año 2016, calcula el monto de ese “sacrificio fiscal” en aproximadamente un 6.7% del producto interno bruto (PIB), con valor absoluto estimado superior a RD$212,300 millones.
Pero casi la mitad de ese valor (RD$103m418.1 millones equivalente a un 3.2% del PIB) corresponde a bienes y servicios exentos de aplicársele el ITBIS, por lo que se estima que será difícil para el Gobierno disminuir el gasto tributario por esa vía, debido a que ha dicho que no creará nuevos impuestos.
Los demás conceptos de gasto tributario son patrimonio, con un monto estimado de RD$27,653.4 millones y una ponderación de 0.9% del PIB; el impuesto selectivo a los hidrocarburos, con una proyección de ingresos de RD$25,026.3 millones (0.8% del PIB); Arancel, con RD$23,386.0 millones; Impuesto Sobre la Renta, RD$22,466.8 millones; otros impuestos selectivos al consumo, RD$9,761.0 millones, e impuestos sobre el uso de bienes y licencias, con un estimado de RD$667.2 millones.
Este año el Gobierno dará otras facilidades
El Ministerio de Hacienda estimó para este año una proporción de ingresos por RD$4,034.8 millones que no percibirá por exenciones administrativa, “que no pueden ser consideradas gasto tributario desde el punto de vista de la definición del Sistema Tributario de Referencia, pero que significan menores recaudaciones de estos impuestos. Ese grupo incluye la exención del impuesto a los cheques por las transacciones en el mercado de valores, y las exoneraciones de combustibles que se otorgan al transporte público
Responsabilidad, integralidad y claridad
El sector privado, además de abogar por una reforma fiscal integral—que toque ingresos y gastos— también plantea una Ley de Responsabilidad Fiscal y Transparencia la que —según un proyecto que cursa en el Congreso— entre otras cosas limitaría el endeudamiento público y obligaría a presentar presupuestos equilibrados , entre otros aspectos. El endeudamiento solo se aprobaría para financiar obras de infraestructura, con determinados criterios de recuperación de la inversión. Serían obras que generen riquezas.
