Erradicar los paraísos fiscales es un imperativo de este tiempo. Recientemente, un grupo de más de 300 economistas, la mayoría profesores universitarios de todo el mundo, algunos muy conocidos, emitieron un comunicado en el que llamaban a los líderes mundiales a actuar en esa dirección. En el comunicado, los y las colegas plantearon al menos dos argumentos muy robustos. El primero es que esos paraísos contribuyen a mantener y acrecentar la opacidad financiera en el mundo, sirviendo de refugio de los recursos y las personas involucradas en actividades ilegales incluyendo corrupción administrativa en el Estado.
El segundo es que contribuye a erosionar la capacidad fiscal de los países. Esto afecta de forma particularmente severa a los países más pobres por dos razones. La primera es que éstos tienen menor capacidad para perseguir a quienes evaden y eluden al operar legalmente desde esas jurisdicciones. Según OXFAM, los países pobres pierden cada año 170 mil millones de dólares en ingresos fiscales por evasión y elusión. La segunda es que la debilidad fiscal tiene repercusiones más profundas en éstos porque su base de recursos públicos es, de entrada, más pequeña, lo que compromete más profundamente su capacidad para proveer bienes públicos, algo clave para acelerar el crecimiento y generalizar el bienestar. El resultado es que los pobres de los países pobres se perpetúan en su estado.
Igual que en otras partes, la ciudadanía de la República Dominicana es víctima del abuso fiscal en base a ese tipo de prácticas en la medida en que trazar y perseguir las rentas generadas en el país de empresas que son nominalmente propiedad de empresas ubicadas en esos territorios es difícil.
Los grandes beneficiarios de la existencia de estas jurisdicciones son quienes quieren mantener su riqueza oculta y/o quieren escapar del fisco y evadir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. De allí que, el resultado de los paraísos fiscales sea doblemente pernicioso. Por un lado, contribuye a la impunidad. Por otro lado, contribuye a exacerbar la inequidad porque priva a los Estados de valiosos recursos potencialmente críticos para proveer servicios sociales e infraestructura económica básica.
Más aún, como indican los y las economistas que firman el comunicado, estas jurisdicciones “no aportan ningún valor al bienestar o la riqueza global, puesto que carecen de un propósito económico útil”, beneficia a unos pocos y perjudica a muchos.
El uso de los paraísos fiscales se ha acrecentado sensiblemente en los últimos años. OXFAM da cuenta de que las economías que alojan paraísos fiscales están creciendo al doble de la velocidad que el resto, que la inversión en esos territorios se ha multiplicado por cuatro, y que más de la mitad del comercio mundial pasa, en los números, por esos territorios.
Hay quienes justifican la existencia de ellos argumentando que son la respuesta a gravosos sistemas tributarios. Sin embargo, aun con sistemas tributarios de relativamente bajas cargas, los beneficios de no pagar impuestos del todo son lo suficientemente elevados como para pensar que continuarían existiendo, y la solución al abuso fiscal que representan estas jurisdicciones rebasa por mucho las estructuras tributarias nacionales.
De hecho, esos regímenes han sido el resultado de las acciones deliberadas de los detentadores de grandes fortunas quienes se han beneficiado groseramente de ellas. Con su enorme poder, y con el apoyo de instituciones financieras y expertos, han influido sobre las legislaturas y los gobiernos para crear esas jurisdicciones y defenderlas, en particular en el Reino Unido y Estados Unidos, países que alojan algunos de los más grandes paraísos del mundo. En ese tenor, en base al Índice de Opacidad Financiera elaborado por la organización Red de Justicia Tributaria (Tax Justice Network) y otras fuentes, OXFAM informó que en Islas Vírgenes Británicas hay más de 830 mil sociedades offshore registradas. Esto equivale a 5,500 por habitante. Además, que la inversión que se dirigió a Islas Caimán fue tres veces más elevada que la que fue a China en 2015, y siete veces la que fue a Brasil.
Individual y colectivamente, los países pueden hacer mucho para poner fin a esas prácticas. Por un lado, pueden excluir de las contrataciones públicas a cualquier empresa vinculada a paraísos fiscales. Por otro lado, pueden obligar a las empresas a transparentar todas sus operaciones fuera de las fronteras.
A nivel internacional, los países deben sentirse obligados a cooperar para crear normativas internacionales que moderen la intensidad de la competencia impositiva entre países, y obligue a las empresas transnacionales a registrar todas sus operaciones en todo el mundo, y a publicar los nombres de los propietarios reales de sus activos.
Combatir la inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades para millones de personas en el mundo pasa por arremeter contra la evasión fiscal, contra la elusión y contra los paraísos fiscales. Erradicar estos últimos es un componente imprescindible para lograr más justicia a nivel global.
