El debate electoral debería de estar cargado de temas cruciales para la gente como la seguridad social y la salud, el desarrollo productivo, los empleos y la competitividad internacional, el sector eléctrico, la seguridad pública y la justicia; y la minería, el agua y el medio ambiente. Estos deberían estar siendo activamente discutidos y deberíamos estar escuchando propuestas claras, ojalá hasta controversiales, de parte de los candidatos y las candidatas. Quizás el único tema sustantivo que trasciende, con todo mérito, es el de la corrupción.
Sin embargo hay un tema que parece querer ser evitado y es el del fisco. Se encuentran pocas referencias, las cuales frecuentemente se limitan a la reducción de impuestos. Pero este resulta extremadamente crucial porque lo que está en juego es la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades fundamentales.
En estos momentos, a pesar de los numerosos ajustes tributarios que hemos visto a lo largo de una década, esa capacidad se ha venido erosionando. Por un lado, la creatividad para evadir y eludir impuestos es infinita y si el aparato tributario tiene “hoyos”, como es nuestro caso, las posibilidades de éxito de esfuerzos de este tipo son muy grandes. Por otro lado, el proceso de desmonte de aranceles ha continuado, lo que reduce las fuentes de ingresos impositivos. Encima de esto, el servicio de la deuda pública viene tragándose partes crecientes del presupuesto público.
El resultado de esto ha sido que el gasto primario del sector público, es decir, el gasto que efectivamente el Gobierno hace en la economía, después de pagar la deuda, ha venido declinado de forma casi ininterrumpida desde 2013 y en 2016 terminará en un nivel similar, medido como porcentaje del PIB, al de hace una década.
Recuperar la capacidad de gasto del Estado es una tarea ineludible. Más aún, lograr esto es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en el marco del llamado Pacto Fiscal. A pesar de eso, hay poca evidencia de que eso vaya a suceder pronto. Por una parte, en la medida en que no hay una crisis inminente, sino más bien un proceso gradual de contracción de la capacidad de gasto, parece haber poco incentivo político para involucrarse en un proceso de esta naturaleza. Por otra parte, en la medida en que la percepción de dispendio, clientelismo, corrupción y discrecionalidad en el gasto público continúe siendo generalizada, la resistencia a discutir una reforma impositiva, aunque esta también incluya la mejora del gasto público, promete unos costos políticos elevadísimos para quien intente promover una discusión de este tipo. En pocas palabras, nadie quiere tocar la tecla tributaria ni plantear la cuestión con responsabilidad.
Sin embargo, la ciudadanía debe preguntarles de frente a los candidatos y a las candidatas cómo proponen financiar lo ineludible. Es necesario cuestionarles y llevarles más allá de la respuesta esperable: que hay muchos recursos disponibles si se racionaliza en gasto. Esa respuesta es indisputable pero insuficiente.
Hay que preguntarles qué piensan respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio, sobre el elevado peso que tienen las recaudaciones sobre los asalariados y sobre las empresas, y lo poco que se recauda por impuestos sobre las rentas de personas no asalariadas de alto ingreso.
Necesitamos conocer si continuarán posponiendo la aplicación del impuesto a los vehículos que gravan particularmente a los de alto precio, y qué van a hacer con las bajas recaudaciones del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, en particular las viviendas de alto valor.
Hay que preguntarles qué piensan sobre la baja rentabilidad presunta de las empresas, a juzgar por sus declaraciones de impuestos. También sobre los anticipos y sus efectos, y sobre las exenciones al impuesto sobre la renta de sectores específicos, y sobre su justeza y sus resultados.
Hay que preguntarles sobre el ITBIS, si piensan seguir por la vía fácil, haciendo lo que siempre se ha hecho, cargando cada vez más a la población pobre gravando cada vez más productos con tasas elevadas, o si tienen otras ideas.
Necesitamos conocer qué piensan hacer con las exenciones que benefician a sectores específicos (empresas de frontera, compras por envío expreso, productores de cine, turismo, zonas francas entre otros), si estas valen la pena y por qué. Hay que preguntarles qué piensan sobre los impuestos y los pequeños negocios o los negocios nacientes, y si éstos podrían merecer un tratamiento tributario diferenciado o no y por qué.
Estas son preguntas incómodas pero necesarias para el bien de la democracia y de la equidad. Merecemos respuestas.
