No hace demasiado que una jueza terminó en prisión después de quedar envuelta en un escandaloso expediente criminal, bajo los cargos de aceptar soborno para disponer la libertad de algunos de los implicados. El caso no termina, pero se supone que debía contener lecciones, especialmente para sus compañeros. Procuradores fiscales igual se han visto envueltos en engorrosas situaciones. Todo eso vino a ser la culminación de una sucesión de hechos que llevaron al banquillo de los acusados a una institución fundamental: la justicia. Su crédito quedó expuesto de una manera lastimosa. Todavía no se recupera y ha sido necesario comprometerla a una autoevaluación asistida críticamente por la sociedad.

Y ya estamos ante otro escándalo: “Un tribunal de La Romana otorgó la libertad ‘pura y simple’ a cinco venezolanos apresados con un alijo de 359 kilos de cocaína”. ¡Libertad pura y simple!, ha gritado alarmada la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que no entiende “cómo cinco personas apresadas en flagrante delito, con un cargamento de cocaína superior a los 359 kilos, fueron dejadas en libertad por esa jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana…”.

En una perspectiva fría se podría decir: Habría que ver las razones, los elementos de juicio que llevaron a la magistrada Arístida Mercedes a tomar tan comprometedora decisión.

Es que esa jueza interina ha dispuesto la libertad de cinco hombres, capturados recién el jueves en el aeropuerto internacional de La Romana, con el cargamento de cocaína traído desde Venezuela.

¡Cómo los va a dejar libres!

Todavía se supone que la orden de libertad no ha sido ejecutada. La Procuraduría General de la República debe tener los medios para manejar una decisión que en esencia contraviene la ley. Nadie puede ser liberado cuando ha sido detenido con un cargamento tan grande de cocaína.

El procurador ha expresado preocupación y alarma. Debe impedir que se vayan. Venezuela, que no tiene cuerpo de delito, ya detuvo a tres sargentos de la Guardia Nacional vinculados con el paquete.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha abierto una investigación. Debe llegarse hasta el fondo.

Las autoridades judiciales han develado, tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, la existencia de una estructura delincuencial en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Por el alcance y la complejidad de sus operaciones, esa red no podía pasar desapercibida durante los últimos años.

La responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, ha sugerido que ante la gravedad de los hechos no descarta que el exdirector Miguel Pimentel Kareh, sea llamado a declarar. Es lo menos que debe ocurrir. Ayer, la viuda y el hijo del arquitecto Rodríguez García precisamente se querellaron contra el exfuncionario.

El presidente Danilo Medina debe sentirse defraudado, toda vez que su programa de construcción de escuelas fue imbuido de un espíritu democratizador en la asignación de obras mediante sorteos para favorecer a profesionales de la ingeniería, y en forma alguna podía ser convertido en la Oisoe en un antro de corrupción.

Y eso es una traición al compromiso contraído con el presidente Medina que proclamó por todo lo alto el 16 de agosto de 2012 cero tolerancia “con actos de deshonestidad o de despilfarro de los recursos”. Y se comprometió a fortalecer “los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción”.
Por eso, satisface el interés de Medina en que “las investigaciones que se realizan lleguen hasta las últimas consecuencias”.

En su nombre, el vocero Roberto Rodríguez Marchena ha dicho que “el Presidente de la República tiene la mayor disposición de que este caso llegue hasta las últimas consecuencias y cuando digo hasta las últimas consecuencias es que la justicia tiene la más absoluta libertad para establecer las sanciones”.

Sí, el caso debe ser llevado hasta las últimas consecuencias. Debe haber sanciones. Las autoridades del Ministerio Público no se deben quedar solo con los sospechosos identificados y detenidos hasta ahora.

Una organización delincuencial de esa capacidad económica no la podía manejar cualquiera. Se requería de mucho dinero para crear una “red de financiamiento” leonino, opresivo, abusivo y criminal, que llevó a un contratista al extremo del suicidio. Otros cuentan la desgracia de haber salido favorecidos en un sorteo.

Hay que ir hasta el fondo.