Pese a que en el Congreso Nacional reposan dos proyectos de ley para fijar un límite a las exoneraciones para la importación de vehículos, de la autoría de los senadores Tommy Galán y Félix Nova, la propuesta de su homólogo Julio César Valentín de eliminar radicalmente este privilegio fiscal, ha generado opiniones a favor y en contra entre legisladores y representantes de la sociedad civil.
La organización cívica Participación Ciudadana (PC), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), expresaron ayer por separado su respaldo a la propuesta formulada por el legislador durante su comparecencia en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe y propugnaron porque pueda llevarse a la práctica.
La coordinadora General de Participación Ciudadana, Sonia Díaz, afirmó que éste ha sido un reclamo de esa entidad, que en el año 2010 elevó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y dos años después ante el Tribunal Constitucional a fin de que se elimine lo que considera un privilegio irritante frente al resto de los ciudadanos.
Añadió que el otorgamiento de dos exoneraciones a los legisladores para la importación de vehículos durante su periodo de elección es violatorio a los artículos 6, 39, 40 y 146 de la Constitución, que prohíben privilegios a favor de unos ciudadanos en relación con los demás.
Díaz afirmó que la propuesta del expresidente de la Cámara de Diputados y senador de Santiago, pone en el tapete un tema sensible y obliga al Tribunal Constitucional a pronunciarse con respecto al recurso interpuesto por PC hace cinco años.
Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, es un gran avance que esta propuesta surja de un miembro del Senado, que reconoce que se trata de un privilegio que contraviene la ley y afecta el ejercicio de la política.
“Eso le ha hecho mucho daño al ejercicio de la política, y sobre todo, al ejercicio de una buena visión de Estado respecto de cómo debe conducirse la administración”.
Añadió que es una aspiración de toda la sociedad dominicana que ese tipo de concesiones se vayan eliminando de la Administración Pública a favor de quienes ejercen cargos electivos.
Mientras que, el presidente de Adocco, recordó que Julio César Valentín fue uno de los senadores que conjuntamente con Charlie Mariotti impulsó la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, lo que demuestra que tiene interés de que haya transparencia en el manejo de los recursos del Estado.
Afirmó que aunque dicha propuesta no es ni será de la simpatía de muchos legisladores y aspirantes a un puesto legislativo es la única manera de que la ciudadanía confíe en el trabajo de los senadores y diputados que según la Constitución son representar, fiscalizar y legislar.
Los tres coincidieron en señalar que en la mayoría de los casos las exoneraciones no son usadas por sus beneficiarios originales y que en la práctica son vendidas a particulares.
“Ese privilegio los legisladores lo utilizan para venderlo y se enriquecen con un dinero que es parte de las arcas públicas, y en otros casos traen vehículos de lujo al país, y “por qué los representantes del pueblo dominicano, que la mitad vive en pobreza extrema, tienen que andar en carros de lujo si son representantes que pueden andar en un carro normal, común y corriente como los demás ciudadanos”, expresó Díaz.
En ese mismo orden, Julio César de la Rosa expresó que el hecho de que el 90% de legisladores vendan sus exoneraciones, termina por afectar al fisco ya que quienes las adquieren traen al país vehículos de alto cilindraje de muy alto precio, que de otro modo deberían pagar al fisco un impuesto. “Y eso escapa del control de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA)”.
Legisladores rechazan propuesta
La mayoría de legisladores consultados por elCaribe rechazaron la propuesta de Valentín, a quien le sugirieron dar el ejemplo renunciando primero a esa exención fiscal.
El diputado perredeísta
Radhamés González instó a Valentín a persuadir a sus colegas senadores a que también renuncien a sus exenciones.“Yo estoy convencido de que si él logra convencer 20 de los 32 senadores, estoy seguro de que los 190 diputados renunciaremos a todas las exenciones que el Gobierno nos pueda dar”, manifestó.
Similar opinión tiene la diputada perremeísta, Josefa Castillo, que pidió a los representantes del Senado a que renuncien primero, tal y como lo hicieron los diputados con el dinero del “Barrilito”.
Para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Guillén, si los legisladores renuncian a las exoneraciones, el gran perjudicado sería el Estado dominicano, quien considera tendría que realizar una mayor inversión en la asignación de vehículos para ellos.
“Yo creo que esa es un posición “populista” de un hombre con tantas luces como Julio César Valentín. Este es un período que ustedes tendrán que acostumbrarse a planteamientos populistas”, agregó.
En tanto que el senador Heinz Vieluf defendió la exoneración que recibe, alegando que constantemente tiene que trasladarse de su provincia Montecristi a Santo Domingo y viceversa, a realizar funciones legislativas.
Propuestas para fijar topes están engavetadas
Los senadores y diputados no han querido establecer un tope a las exoneraciones ilimitadas que reciben cada dos años, a pesar de que dos proyectos en ese sentido han sido sometidos al Congreso Nacional. El senador peledeísta por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, sometió en el año 2010 una iniciativa que establecía un máximo de US$50 mil a cada exoneración, sin embargo, sólo fue aprobada en primera lectura, perimiendo meses más tarde. Luego, el referido anteproyecto que busca modificar la Ley 57-96, fue reformado para aumentar a US$70 mil la gracia aduanal. Este año, Galán reintrodujo nuevamente al Senado de la República ese anteproyecto, para su ponderación. El también representante senatorial de Monseñor Nouel, Félix Nova, introdujo un proyecto similar al de Galán, que aumentaba el tope a US$100 mil. Éste, al igual que el primero, perimió. En uno de sus considerandos, el congresista peledeísta señala que el establecimiento de un límite al precio de fábrica de los vehículos importados por los legisladores, favorecería una reducción del gasto tributario, generando con ello un ahorro para el Estado dominicano.
Ley deja a legisladores la libertad de importación
La Ley 57-96 establece en su artículo II que cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. “El mismo estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como de cualquier restricción o prohibición existente”, establece la legislación. La Ley 57-96, promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández en el año 1996, modificó la Ley 21-87, la cual establecía un máximo de US$18,000 para las exoneraciones, otorgando mayores beneficios a los legisladores. Uno de los considerandos de la Ley 57-96 dice que la investidura de un legislador de la República, representante del primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos. La legislación señala que el congresista hará requerimiento del derecho de esta ley cuando sus condiciones se lo permitan y así lo solicite y que el vehículo exonerado no será transferido sino después de un período de dos años de haber sido importado.
Opiniones encontradas
Servio Tulio Castaños
Vicepresidente ejecutivo de Finjus
Cree que no sólo deben eliminarse las exoneraciones, sino que también aboga por el desmonte del fondo social conocido como “barrilito” de que gozan los senadores, bajo el argumento de que esas funciones son propias del Poder Ejecutivo. “Evidentemente eso atenta contra la fortaleza institucional”, adujo.
Julio César de la Rosa
Presidente de Adocco
Propone que a cambio de eliminar las exoneraciones el Estado provea a los legisladores de otras facilidades, como las otorga a los funcionarios de la Judicatura o del Ministerio Público, que consiste en un impuesto único para traer un vehículo utilitario, cuyo precio no exceda los US$25 mil.
Cristian Paredes
Diputado Moda
Cree que los beneficios de los legisladores deben limitarse al salario que reciben.“Yo creo que todo lo que sea privilegio debe ser eliminado, incluso el pasaporte diplomático que lo eliminen también, porque nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes”, manifestó.
Jorge Frías
Diputado PRM
Calificó de “disparate” la propuesta del senador, la cual rechaza de “plano”. “Él debe dar el primer paso, y poner el ejemplo, renunciando a todos los privilegios que tiene para que pueda entonces servir de ejemplo y hablar con propiedad y calidad moral, que entregue sus exoneraciones y el más de millón de pesos”.
Legislatura
Los congresistas saldrán beneficiados con tres exoneraciones en esta legislatura especial de seis años.
Barrilito
Los representantes de la Sociedad Civil también abogan porque los senadores se despojen del Fondo Social o “Barrilito.
