Mientras que la Cámara de Diputados envió ayer a la Comisión de Justicia las observaciones hechas por el Presidente al Código Penal Dominicano, la Iglesia católica volvió a orar para que las mismas sean rechazadas.En tanto que varios abogados, encabezados por los jurisconsultos Cándido Simón y Carlos Balcácer, también se presentaron a la sede del Congreso Nacional para apoyar la observación hecha por el presidente Danilo Medina, por considerar que muchos de sus artículos “chocan” con la Constitución. También sugirieron la inclusión de otros 34 componentes a la pieza legislativa.
Sacerdotes y feligreses iniciaron desde muy temprano su ofensiva, dándole varias vueltas a la glorieta ubicada en la parte frontal del Congreso, con la consigna “Dios ilumina a los diputados para que no acojan esas observaciones”.
El sacerdote Manuel Ruiz advirtió a los legisladores que ellos continuarán su lucha para que las sugerencias del presidente Medina sean rechazadas, porque supuestamente atentan contra la vida.
En tal sentido, el padre Ruiz llamó a los dominicanos a no dejarse confundir, ya que lo único que quiere la Iglesia católica con su rechazo a los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal, relativos al aborto, es que se respete el derecho a la vida.
“Mucho cuidado, esa acusación de que la Iglesia quiere que las madres se mueran es una vil mentira, porque estamos defendiendo a las madres, pero de verdad, porque cada vez que una mujer tiene problema nosotros somos que la recibimos. Este pleito no es en la prensa, ni simplemente en los convenios que se hacen a nivel internacional, es en las calles y en las comunidades”, subrayó.
Tan pronto inicio la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dispuso que el Código Penal, devuelto por el Poder Ejecutivo la pasada semana, fuera enviado a comisión.
Puntos sugeridos por abogados
Cándido Simón, al hablar en nombre del Instituto Dominicano de Ciencias Penales, sugirió la inclusión en la ley del tema de la corrupción con tipo penal, conforme el artículo 146 de la Constitución; que puede ser imputado de corrupción cualquier persona, aunque no sea funcionario público; que la persona acusada de corrupción tenga que probar el origen de los bienes. También que el juez que dicta sentencia contra una persona acusada de corrupción tiene que disponer su degradación, lo que significa que no podría ocupar un cargo público jamás y que el delito de corrupción sea imprescriptible, entre otros.
Simón enumera algunos puntos contradictorios
Entre los puntos que Simón entiende entran en contradicción con la Carta Magna se encuentran: el incremento desproporcional de las penas, ya que se viola el principio de la racionalidad; invierte el fardo de las pruebas; que con los casos de corrupción administrativa el juez se obliga a incautar los bienes adquiridos de manera ilícita y establece un tipo penal especial en el caso de la reincidencia, situación que también viola la Constitución.
