Un panel de juristas dominicanos alertó al Poder Ejecutivo que el proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 requiere una revisión profunda “urgentemente” previo a su promulgación.En un informe preparado a instancias del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, integrado por Armando José Armenteros Estrems, José Miguel Vásquez García, Pelegrín Castillo, Manuel Núñez, Consuelo Despradel Dájer, Denise Reyes y Trajano Vidal Potentini, el grupo de analistas de la propuesta considera que en sus 21 artículos el reglamento contiene, al menos, 18 violaciones a la Constitución, siete a la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, otras a la Ley de Migración, a la sentencia 168-13 del Constitucional y al espíritu de la ley de naturalización.
Consideraron que el Poder Ejecutivo debe ser “sumamente cuidadoso” en la corrección de esos “desaciertos”, que de no ser revisados se verá comprometido el estado de derecho, la seguridad jurídica y la supremacía constitucional.
El Comité afirma que los abogados que prepararon el informe Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo Roldán, Cristina Aguiar y José Miguel Vásquez encontraron que las deficiencias que contiene el reglamento, lo convierten en una “verdadera amenaza” para el estado de derecho dominicano, puesto que permitiría declaraciones de nacimiento que la propia persona puede hacer, ajeno al sistema legal instituido y sin necesidad de probar la identidad y nacionalidad de los padres de aquel que se declara alegando haber nacido en el país.
Entienden que esa “deficiencia” abre una brecha en la cual una indeterminada cantidad de personas pudieran “fabricarse una identidad con todos los riesgos que tal absurdo plantea”.
Entre las violaciones señaladas por los juristas se encuentra una al principio de los poderes del Estado con lo que se “quebranta” el artículo 4 de la Constitución, “al atribuirse el poder Ejecutivo la reglamentación que, por mandato constitucional, es de la competencia exclusiva de la Junta Central Electoral (JCE), como el libro de extranjería. Consideran que el reglamento, que debe entrar en vigencia el miércoles, viola el artículo 6 de la Carta Magna al pretender, mediante decreto, imponer modificaciones a una norma de rango jerárquico superior y que es competencia de otro poder del Estado.
Establecen que los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 19 del borrador invaden la competencia de la JCE, al otorgar al Ministerio de Interior funciones que corresponden a ese órgano. Además, critican la “amplia” discrecionalidad dada a una Unidad Operativa que será creada, para ejecutar la ley, “con todos los riegos que eso implica”.
