Es muy poco probable que alguna familia de clase media no se haya encontrado en una clínica con lo planteado por este diario en su edición de ayer, en el sentido de que los médicos, principalmente cirujanos y ginecólogos, lo mismo que los anestesiólogos, reclaman pagos de sus honorarios al margen de lo previsto en el sistema, con el agravante de que a los parientes del paciente no se les informa previamente acerca de esos costos adicionales.
En algunas clínicas no sólo los médicos cobran “por fuera”. Se llega al extremo de incluir pagos adicionales por el uso de las salas de cuidados intensivos, o por “diferencias” no siempre explicadas.
Y no hablamos de ciertas prácticas cuestionables de profesionales de la salud, difíciles de documentar y mucho menos probar, asociadas a procedimientos inciertos que dolorosamente honran algunos pacientes.
Nos referimos a la indefensión de los clientes, cuando acuden a determinados centros médicos privados.
Los médicos y las mismas clínicas alegan abiertamente que los pagos previstos por las aseguradoras no llenan la valoración de sus capacidades, y proceden a conveniencia, en desmedro de los clientes, que no encuentran el acompañamiento que debía brindarle un ente ausente de la cotidianidad del sistema, como es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA).
Esa situación debe ser objeto de atención del Ministerio de Salud, que no termina de asumir su rol como rector del sistema, garante de que los protocolos, procedimientos y atenciones en los centros privados respondan a parámetros mínimos de universalidad.
Lo que está claro es que alguna institución del sistema de salud debe hacer algo para que las personas no queden a merced de los prestadores de servicios, cada vez más dominados por la falta de solidaridad y el afán de lucro.
