Los accidentes de tránsito constituyen una de las primeras causas de muerte en República Dominicana, con cifras por encima de la mayoría de los países de América Latina, pues mientras el promedio regional es de 16 muertes por cada cien mil habitantes el promedio en nuestro país es 47.
De hecho, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La República Dominicana ocupa el segundo lugar de los 182 países pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes por accidentes de tránsito en relación a su población.
En el 65% por ciento de los casos los accidentes involucran motoristas y/o peatones. Por otro lado, en más del 70% las víctimas son jóvenes de menos de 29 años de edad, con mayor frecuencia casi siempre en el mes de Diciembre, de manera más usual los domingos y los lunes, comúnmente en carreteras y grandes avenidas, y esencialmente en la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.
La principal causa de accidentes en el país en los últimos años no es el consumo de alcohol y drogas como muchos presumen, pues esta constituye el segundo lugar después del uso de celulares y pantallas que es la razón número uno a pesar de su prohibición expresa en la ley.
Si a la espeluznante información anterior agregamos el hecho de que no se consideran accidentados los que transitan en bicicletas y que se estima que sólo se reportan de manera oficial el 36% de los casos, hay que concluir que los accidentes se han convertido en un problema nacional de grandes proporciones y al que se necesita con urgencia poner atención.
En un país con una súper población impresionante de casi 3 millones de vehículos, es fundamental combinar una serie de medidas para tratar de reducir las probabilidades de que ocurran accidentes. No sólo hace falta mayor educación vial, sino también mejor señalización e iluminación en muchas zonas, endurecer las exigencias de chequeo de vehículos (como las gomas y los frenos), complejizar el proceso de concesión de licencias de conducir y de manera especial designar a los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) que tengan mejor capacitación en los lugares con mayor ocurrencia de accidentes.
También, como aún impera el caos en la seguridad vial a pesar de existir cerca de 10 instituciones públicas vinculadas al tema, es tiempo ya de pensar en la unificación de todas las entidades fiscalizadoras del transporte para lograr mayor eficiencia.