El Gobierno le recomendó al Senado que prohíba por ley el aporte de fondos públicos para los planes complementarios de pensiones que tienen algunas entidades públicas porque representan una doble contribución del Estado. Igualmente, aconseja que la ley establezca el cese de esos programas porque operan al margen de la normativa 87-01.
La comisión que designó el presidente Danilo Medina para que revise la situación de las pensiones en el sector público y que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sugirió que se modifique el proyecto de ley del sistema de reparto de pensiones, que actualmente se discute en el Senado de la República para que se introduzcan esos cambios en el sistema de jubilaciones del país.
La comisión consideró que todos los planes de pensiones que se creen deben estar fundamentados en la capitalización individual y contribución definida para garantizar el equilibrio financiero.
“Los planes no registrados conforme a la ley 87-01, y en los plazos establecidos en la misma deberán cesar sus operaciones e incorporarse al sistema nuevo”, establece un comunicado de prensa de la Presidencia, que fue leído por el vocero, Roberto Rodríguez de Marchena.
Igualmente, recomienda que se prohíba crear planes con beneficios definidos, establecer un corte para el reconocimiento de derechos adquiridos y liquidar todo plan que esté fundamentado en este tipo de proyectos. “Todas estas medidas están encaminadas a racionalizar el gasto del Estado, lograr una fiscalización eficaz y tener un mayor control sobre los aportes”, establece.
Incompatibilidad
La Comisión presidencial también resaltó que se debe establecer por ley que es incompatible la condición de pensionado jubilado del Estado con la de empleo remunerado.
“No se podrá disfrutar de más de una pensión con cargo al erario, ni será compatible la calidad de jubilado pensionado del Estado con la de servidor o funcionario público, salvo las excepciones previstas en la ley y la Constitución de la República”, establece el comunicado de la Presidencia.
Más poder a la Sipen
El Comisión presidencial recomendó que se le dé facultad legal a la Superintendencia de Pensiones (Sipen) para que pueda intervenir y liquidar los planes existentes que no estén regulados para así evitar distorsiones.
