La proliferación de máquinas tragamonedas ilegales representa una de las dificultades mayores que enfrentan quienes rigen los juegos de azar en el país.Con una moneda de 25 pesos y la suerte a favor, de una máquina tragamonedas se puede obtener hasta dos mil pesos con sólo una jugada. Esos artefactos están al alcance de cualquier ciudadano, sin importar sexo, edad o estatus social. Se encuentran sin dificultad en el colmado del barrio, salones de belleza, barberías, cafeterías, billares y bares, en condición ilegal. Pero la suerte abandona al jugador la mayoría de veces y lo que ocurre es que lejos de ganar, sale perdiendo miles de pesos de manera casi imperceptible, poniendo en riesgo el bienestar emocional y económico propio y el de familiares cuando el juego es excesivo, como demuestran testimonios de ludópatas (adictos al juego).
La proliferación de las máquinas tragamonedas motivó a que el Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo regular los juegos de azar, emprendiera la campaña “tolerancia cero” a ese tipo de actividad lúdica y adictiva en mayo de 2010. El viceministro técnico administrativo de Hacienda, Julio Aníbal Fernández Javier, explica que desde entonces a la fecha se han incautado de 5,000 máquinas tragamonedas, de las que 4,900 ya se destruyeron en los almacenes de la sede del Instituto de Estabilización de Precios.
“La aplicación de esta política pública está fundamentada en la gran cantidad de niños y adolescentes que pierden lo poco que les dan sus padres para la merienda en este tipo de juegos y además que el sector trabajador informal, que tiene ingresos precarios, con la ilusión de aumentar lo poco que consiguen, también lo pierden todo en esos juegos ilegales”, indica.
Fernández Javier, que también dirige la Comisión Nacional de Casinos, ha estimado que en 2011 quienes apuestan a esas máquinas, la gran parte gente que proviene de sectores humildes, perdieron más de ocho mil millones de pesos.
“Eso se ha constituido en una preocupación porque se comenzó a explotar las máquinas sin la autorización de la Comisión. La ley 96-88 autoriza la utilización de las máquinas tragamonedas únicamente en los casinos y en las bancas de apuestas deportivas”, sostiene.
Las máquinas tragamonedas tenían la particularidad de que sólo se permitía que fueran manipuladas por extranjeros, hasta que en 1996 una modificación a la ley consintió que los dominicanos también tuvieran acceso a esos aparatos.
Para los jugadores, las tragamonedas representa pérdidas, pero al Estado le reporta grandes beneficios, si están legales. Por concepto de licencias para operar tragamonedas, el Estado percibió, mediante el fisco, 457 millones de pesos en el 2010, 48 millones de pesos más que en 2009 cuando la cifra ascendió a 409 millones, según reportes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Acción
La Comisión Nacional de Casinos desmanteló recientemente un centro de ensamblaje de máquinas, que funcionaba en la avenida José Contreras casi esquina avenida Máximo Gómez. El taller pertenecía a un alemán que era reincidente en esa actividad. Fernández Javier explica que es muy común esa modalidad de fraude en la que los mafiosos importan por separado las piezas de las máquinas y luego la ensamblaban. “Trabajamos en coordinación con la Dirección General de Aduanas, para que no se despache ningún cargamento de máquinas tragamonedas hasta que un inspector de la Comisión vaya y cerciore que esa mercancía va a parar a un casino, porque los casinos sí pueden importar”, apunta.
En la política de tolerancia colaboran con la Comisión de Casinos la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. La comisión está compuesta por la DGII, Ministerio de Turismo, Policía, Procuraduría y el Ministerio de Hacienda, cuyo titular la preside. En término operativo está la Dirección General de Juegos de Azar.
La Dirección General de Casinos se había quejado de que ninguna de las 40 personas que han sometido a la Justicia por operar esas máquinas sin autorización recibieron sanción.
Iniciativa
Julio Aníbal Fernández
Director de la comisión de casinos
El director de la Comisión Nacional de Casinos informó que se han reunido con iglesias, juntas de vecinos y organismos de acción comunitaria con la idea de generar iniciativas en la sociedad para crear un proyecto de ley marco que contemple todas las dificultades que genera el juego. Pretenden establecer mecanismos correctivos para aquellas personas que son víctimas de la ludopatía, de forma que recibieran asistencia profesional de parte del Estado.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado nada. Fernández reconoció que es preciso adecuar la ley que regula los juegos de azar, que data de 1964. “Se debería establecerse una norma legal que incorpore los criterios modernos en la gestión y operación de los juegos de azar y que toda la contingencia social que eso conlleva sean subsanadas”, dijo
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