Los procesos de modernización que ha vivido el Estado dominicano en los últimos 15 años deberían ser motivo para reducir la cantidad de empleados en el sector público, dado que ahora la mayoría de ejecuciones están automatizadas.Sin embargo, en la práctica se da todo lo contrario, cada cuatrienio, con los cambios de gobierno y los años siguientes, la nómina pública va en aumento constante, tanto en la cantidad de empleados como en los gastos para pagos de salarios.
En el año 1996, cuando terminó un gobierno de 10 años de corrido de Joaquín Balaguer, el Estado dominicano tenía 293,058 empleados, mientras que 15 años después, esa cantidad se duplicó hasta alcanzar los 580,445 servidores públicos. La cifra no incluye las llamadas nominillas, en donde hay miles de dominicanos que reciben pagos mensuales, generalmente sin trabajar.
Pero en el caso del gasto en pago de salarios, el aumento ha sido mucho mayor, a pesar de que los salarios del sector público, al menos los de servidores de las Fuerzas Armadas, Educación, Salud Pública y la Policía están entre los más deprimidos y no han sido incrementados en proporciones extraordinarias.
Hace 15 años, en 1996, el Gobierno destinó RD$6,452 millones para gastos de servicios personales, es decir, en pago de salarios. Mientras que para el pasado año 2011, el gasto fue de RD$79,465 millones, un incremento de 1,131%, más de diez veces mayor.
Durante el período analizado, los gobiernos, encabezados en tres períodos por Leonel Fernández y uno por Hipólito Mejía, dispusieron la automatización de procesos burocráticos del Estado en la medida que se registran avances tecnológicos. Se supone que la automatización en la gestión estatal implicaría el uso de menos recursos humanos.
Pero a la par con la modernización, el Estado ha crecido en cantidad de entidades públicas que antes no existían, como la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), los ministerios de Medio Ambiente, Mujer, Juventud y de Administración Pública.
En forma paralela, el Gobierno ha decidido mantener como fuentes burocráticas, aunque prácticamente innecesarias, las sedes de entidades como la Corporación de Empresas Estatales (Corde), que no administra ninguna empresa. También el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que ya no administra los 12 ingenios azucareros que tuvo en sus mejores tiempos, pero mantiene una nómina activa de miles de empleados.
El Gobierno General se divide en Gobierno Central y entidades descentralizadas y autónomas, entre las que están los ayuntamientos. Más de 150 municipios, todos con personal administrativo y operativo, componen alrededor del 20% de la empleomanía del Gobierno General, el 80% restante se concentra en las instituciones centralizadas del Estado.
De acuerdo con estadísticas oficiales, aunque no exactas, al cierre del año pasado el Gobierno Central tenía 464,358 empleados, mientras que al agregarle los empleados del sector público descentralizado, llega a 580,445.
Las cifras sobre la cantidad de empleados del Estado son inexactas, debido a que ninguna institución pública tiene un control estricto del ritmo al que crece la nómina. Sólo la Contraloría General de la República y el Banco Central llevan un conteo aproximado.
En cuanto a la cotización de los empleados del sector público en la seguridad social, también se muestran datos inexactos, pues las cifras de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) indican que de 1 millón 240,780 empleados del sector formal, sólo 305,675 son de la administración pública y defensa.
En tanto que las estadísticas del Banco Central, basadas en la encuesta sobre fuerza de trabajo, indican que en el sector formal trabaja 1 millón 685 mil 1 empleados, de los cuales sólo 192 mil 109 son de la administración pública y defensa, muy por debajo de la cantidad real de empleados en el Gobierno.
Mas empleados públicos
Aunque las estadísticas muestran que el año pasado la nómina de empleados públicos en el Gobierno General era de 580,445 empleados, cifras más recientes acumuladas por expertos economistas indican que ya para el cierre de enero de este año la nómina del Estado creció más tanto en el Gobierno Central como en los ayuntamientos y otras entidades descentralizadas, hasta alcanzar los 595,766 empleados (cifras preliminares).
Los datos sobre los empleados públicos no incluyen las famosas nominillas de trabajadores que manejan muchas instituciones del Estado de manera discresional, incluso, al margen de las disposiciones del Presidente de la República, aunque no son desconocidas.
Las nominillas generalmente se sustentan con aportes presupuestarios fuera de los gastos asignados a los servicios presionales, por lo que es difícil determinar la cantidad de personas que cobran en las entidades públicas sin aparecer registrados como empleados, es lo que se conoce como “botellas”, gente que no jusfica sus ingresos con el trabajo.
La admisión de las denominadas nominillas
El primer funcionario público que tuvo la valentía de hacer referencia a las denominadas nominillas en la nómina pública fue José Lois Malkún, cuando era secretario de Estado de Finanzas durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004). El funcionario dijo que el presidente Mejía había dado instrucciones, incluso, a sus funcionarios para que tratasen de reducir las nominillas o eliminarlas, pero que era algo muy difícil, porque en ocasiones escapa a la voluntad y el control del presidente de la República.
Las nominillas han sido utilizadas por todos los gobiernos, incluso, el actual fue denunciado en una investigación de la periodista Nuria Piera, cuando mostró pruemas de que decenas de miles de dirigentes de la base del oficialista Partido de la Liberación Dominicana cobran una mensualidad a través de las partidas presupuestarias de diversas entidades. La denuncia generó opinión pública, pero el Gobierno nunca anunció su eliminación. Aún existen.
Lo que dijo el presidente de la República
En su discurso del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, el presidente Leonel Fernández, al rendir sus memorias mostró como un logro el hecho de que en 2004 el producto interno bruto (PIB) era de apenas 22,000 millones de dólares, mientras que casi ocho años después, en 2011, supera los 55,000 millones de dólares.
Más adelante, en la misma alocución, el jefe de Estado, para mostrar que no es cierto que su gobierno gasta mucho dinero en la nómina pública, dijo que el promedio anual de su período de gobierno muestra un gasto en salarios equivalente al 3.7% del PIB, mientras que en los cuatro años del gobierno perredeísta el promedio de gasto de nómina anual era de 4.9% del PIB.
Empero, un ejercicio matemático muestra que, si se toman como referencia los años 2004 y 2008 con sus respectivos PIB y asignando los porcentajes de gastos en salarios mencionados por el mandatario, se tiene que solamente el año pasado, el Gobierno gastó RD$79,465 millones, mientras que el gobierno del PRD sólo gastó RD$42,000 millones, es decir, el gasto de nómina casi se duplicó, en una proporción mucho mayor que la cantidad de empleados.
En diciembre de 2004 el Gobierno Central registraba 314,190 empleados, mientras que al cierre de 2011 los servidores públicos llegan a 464,358.
Cuando se agrega el gobierno general, es decir, con la inclusión de empleados de entidades descentralizadas, la cantidad de empleados al 2004 era de 399,288, mientras que al cierre del año pasado superaba los 580,400.
