Al mediodía de un sábado reciente, mientras los dominicanos pagaban un alto precio por los combustibles y sufrían la mala calidad de los servicios públicos, conté ocho yipetas y carros de lujo con placas oficiales estacionados en los parqueos de dos de los restaurantes más cotizados del país.
Las cuentas probablemente irán a engrosar los gastos de representación de los funcionarios que allí se daban la gran vida en un día no laborable en el calendario oficial.
El gobierno vive reclamando respaldo a su programa de ahorro de energía y combustible, debido al alza del petróleo. Pero salvo una que otra medida más bien simbólica, no se imponen al sector público las mismas restricciones que a los ciudadanos comunes y corrientes. Las quejas se escuchan por doquier y los transportistas se la pasan amenazando con protestas callejeras, lo cual es un mal indicio que puede ocasionar confrontaciones innecesarias.
El problema es que cuando la gente del gobierno actúa en riña con la austeridad que los tiempos imponen, la posibilidad de que sus demandas de apoyo encuentren eco es prácticamente nula. Si quienes sufren los rigores de los vientos de calamidad que soplan sobre el país no ven ejemplos desde arriba que justifiquen sus propios sacrificios, no estarán entusiasmados con ofrecerlos. Nada irrita tanto como el que se quiera imponer mayores sacrificios y constreñimientos en el pretexto de que aquellos a los que el pueblo ha estado sometido son todavía insuficientes.
En definitiva, y contrario al pensar oficial, son muy pocos los que aquí “viven como ricos” y sí muchos, en cambio, los que están saturados de impuestos. Esa es una realidad que los gobernantes tienden a ignorar cuando los períodos iniciales de luna de miel empiezan a desaparecer y surgen las dificultades. Es cuando se olvidan de que están ahí para velar por el patrimonio público, no para disponer de él como si fuera propio.
